Arelia Luna

Un enfrentamiento registrado en el sector Talaca, colindante con el cerro Capilla Pata, en Azapampa, distrito de Chilca, dejó ocho viviendas prefabricadas destruidas y dos personas retenidas por la Policía.

Según denunciaron los afectados, un grupo de comuneros llegó hasta la zona donde varias viviendas habían sido marcadas previamente con la palabra “observada”.

Tras un altercado, varias construcciones de calamina y madera terminaron derribadas.

Posesionarios denunciaron daños materiales

Los afectados señalaron que obtuvieron sus terrenos durante la gestión de la exjunta directiva encabezada por Rosa Poma y que ya se encontraban en posesión de los lotes.

Indicaron además que habían instalado viviendas prefabricadas en la zona antes de los hechos ocurridos el último viernes.

Entre las personas afectadas figuran María Girón Ricaldi, Alcides Sapallanay, Rubén Sapallanay, Lucy Romo, Viviana Sapallanay, Ana Loayza, Betzaida Cruz y Felicita Sapallanay.

“Han venido para destrozar nuestras casas y ahora quién nos devuelve nuestras calaminas, puertas y todo lo que gastamos”, señalaron algunos pobladores.

Policía intervino tras alerta en Azapampa

La tarde del viernes, agentes de la comisaría de Chilca acudieron al lugar luego de recibir alertas sobre una alteración del orden público en la zona de los bosques de Azapampa.

Según el reporte policial, en el lugar encontraron a unas 50 personas que se identificaron como comuneros de Azapampa y que portaban palos y picos.

Tras la denuncia, la Policía retuvo a Elizabeth Vilcahuamán Bravo, presidenta de la comunidad campesina de Azapampa, y a Gabriel de la Cruz, sindicados como presuntos azuzadores del enfrentamiento.

Ambos fueron trasladados a la comisaría de Chilca por el presunto delito de usurpación.

Comunidad niega responsabilidad directa

Personas allegadas a Elizabeth Vilcahuamán señalaron que los daños habrían sido ocasionados por terceros y afirmaron que algunos involucrados no pertenecerían a la comunidad campesina de Azapampa.

Las investigaciones policiales continúan para determinar responsabilidades en el conflicto.

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