Lars Córdova

Nuevas denuncias por nepotismo envuelven a autoridades de la región. La Contraloría General de la República emitió dos informes alertando sobre contrataciones irregulares que benefician directamente a los hermanos del primer regidor de Huancayo, Saúl Alejo Arotoma, y del consejero regional por Chupaca, Yoni Balbin Peña. Ambos casos vulneran las prohibiciones legales para contratar con el Estado.

REGIDOR. El primer informe documenta que Wilder Alejo Arotoma facturó S/ 10 mil a la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) como promotor de agronegocios entre julio y octubre de 2023. Para acceder al servicio —en la misma jurisdicción donde su hermano Saúl ejerce como regidor provincial—, Wilder firmó una declaración jurada negando tener impedimentos legales para contratar.

El órgano de control detectó esta irregularidad tres años después, señalando a las áreas de Logística y Adquisiciones por no verificar el vínculo consanguíneo. Esta situación agrava el historial de la familia Alejo: en 2024, la misma Contraloría descubrió que otro hermano de la autoridad, Ever Alejo, facturó más de S/ 102 mil a la Municipalidad de Sapallanga.

CONSEJERO. Edwin Pari Peña, hermano por línea materna del consejero Yoni Balbin Peña, fue designado director adjunto de la Dirección Regional de Salud (Diresa). Este cargo de confianza fue oficializado mediante una resolución firmada en julio de 2025 por el gobernador Zósimo Cárdenas, contando con la validación de la Gerencia General y de Recursos Humanos.

La Contraloría denunció que Pari Peña abandonó su puesto de enfermero en Huancavelica y pasó a percibir doble sueldo estatal. Además, mintió en su declaración jurada al no declarar el parentesco con su hermano, quien presidió el Consejo Regional en 2025.

Al respecto, la directora regional de Salud, María García, informó que Pari Peña ya presentó su carta de renuncia.

“Presentó su renuncia por motivos personales; yo lo desconocía. Creo que es un tema personal del licenciado”, dijo.

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Sus familiares mintieron en sus declaraciones juradas. Ocultar su parentesco para contratar con el Estado no solo es una falta administrativa, sino un delito penal.