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El magisterio de Junín alzó su voz de protesta luego de que la presidenta Dina Boluarte observara la ley que otorgaba pensiones de S/3300 a docentes cesantes y jubilados, y la devolviera al Congreso. El secretario general del SUTEP Junín, Héctor Sinche, cuestionó los argumentos del Ejecutivo y advirtió que “un jubilado no puede seguir percibiendo pensiones que no alcanzan para una vida digna”.

Reclamos

Sinche señaló que el Gobierno teme un déficit fiscal si se equiparan las pensiones, pero advirtió que ello no justifica postergar un reclamo histórico. Indicó que el gremio realizó vigilias y marchas, y que evaluará un paro nacional de 24 horas en la Asamblea del 10 y 11 de octubre.

Entre sus principales demandas destacan la aprobación de la Ley de Pensiones Justas, el pago del bono pendiente de S/487 para más de 21 mil docentes y 900 auxiliares en Junín, así como la asignación de fondos en el Presupuesto 2026 para saldar la deuda social del magisterio.

Por su parte, el presidente de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de Junín (ARCIJE-J), Carlos Abad, expresó la indignación de los jubilados ante la observación presidencial. “Sobrevivimos con pensiones de 400 u 800 soles pese al alza del costo de vida, tras más de 30 o 40 años de servicio al Estado”, lamentó.

Recordó que la ARCIJE-J agrupa a más de 2,000 afiliados, en su mayoría mayores de 75 años, que enfrentan serias dificultades económicas. “Necesitamos un incremento progresivo de las pensiones”, afirmó.

Finalmente, propuso aplicar impuestos a colegios privados para financiar pensiones justas si el Ejecutivo persiste en desatender al magisterio.