Leoncio Prado: decisión del Gobierno de levantar emergencia es bien recibida

El levantamiento del estado de emergencia que vivió Leoncio Prado y otras provincias del Alto Huallaga durante 30 años, generó distintas opiniones entre los actores del quehacer social de la provincia y ha dividido a éstos de acuerdo a los puntos de vista personales y de pequeños grupos. De todas ellas, sin embargo, es notoria la preocupación sobre los temas seguridad y verdadero desarrollo para la zona como la han planteado algunos entrevistados.

El presidente de la Central de Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos, Wilder Caro Aliaga, resumió esta medida como muy favorable, porque a partir de ello, dijo, los dirigentes podrán convocar a movilizaciones para “reclamar los derechos del pueblo y protestar, porque el estado de emergencia es una mordaza para los dirigentes”. “Aplaudimos la decisión del Presidente de la República”, añadió.

Mientras tanto, el regidor Tomislavo Zecevich Acosta, señaló que a la par del levantamiento deben adoptarse varias medidas para garantizar la seguridad que brindan hoy las fuerzas del orden, frente a la existencia de personas que siempre han vivido en violencia y la han asumido como forma de vida para obtención fácil de ganancias. Ello en la medida que esta nueva medida significa también la desactivación del Frente Policial Huallaga y la reducción sustancial del número de policías y dependencias policiales, agregó.

Zecevich, dijo que los resultados favorables del levantamiento del estado de emergencia se verán siempre y cuando puedan prevenirse acciones contra la delincuencia. “Tingo María ha pasado por épocas duras de violencia y hay gente que creció así y están acostumbrados a eso, ahora están convertidos en sicarios, asaltantes, secuestradores y delincuentes de otro tipo, ociosos que no les gusta trabajar, entonces hay que prever eso. Asimismo, nunca se restringieron los derechos de reunión y de protesta, “eso está en la imaginación de algunos a los que les gusta perder el tiempo en cosas irrelevantes”, declaró.

Nilo Salazar, teniente gobernador del caserío Venenillo, una de las zonas más golpeadas por el terrorismo y el narcotráfico durante décadas, manifestó su preocupación por lo que va a ocurrir con las comisarías que recién habían empezado a cumplir sus funciones en zonas como la de su jurisdicción. Recordó que hace varios años dedicaron un presupuesto de cerca de 40 millones para la construcción de comisarías y hasta ahora no saben qué ocurrió con ese dinero y menos ahora que posiblemente cierren las que se instalaron precariamente.

Para el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso, Manuel Zerillo, el fin de la emergencia permitirá impulsar el desarrollo en el Alto Huallaga.