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El 23 de enero de 2013, los jueces Osmar Albújar de la Roca, Alfredo Sedano Núñez y Elmer Salas Miranda absolvieron a Carlos Enrique Osorio Vargas de varios delitos; sin embargo la Corte Suprema de la Justicia corrigió el sorprendente fallo de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ica, que había dejado libre de polvo y paja al popular “Cañita”.
Osorio Vargas fue denunciado por los delitos de colusión desleal, encubrimiento real y ocultamiento de documento por la venta de un lote de terreno de propiedad de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, sin la aprobación del pleno municipal.
La venta se hizo el 10 de febrero de 2004 a los también procesados Ascenso Roque Hurtado Sánchez y Angélica Vilma Orozco Cusihuamán, de un terreno de 414 m, ubicado en el sector Garganto, por 12 mil 441 soles.
La acusación del Ministerio Público dice que la venta se realizó sin las formalidades de ley. Uno de ellos es que los regidores en sesión municipal no aprobaron la venta. “Cañita” hizo la venta de manera directa, cuando lo correcto era una subasta pública; y finalmente no comunicó de esta a la Contraloría General de la República.
El 22 de enero de 2004 se realizó una sesión ordinaria, cuya agenda era la aprobación de la estructura orgánica de la Municipalidad de Los Aquijes. Sin embargo, “Cañita” y el secretario Gabino Raúl Ramos Córdova, para demostrar que el pleno sí había autorizado la venta, “despegaron el organigrama que se había adherido al acta e insertaron datos falsos, como si se hubiese tratado y aprobado la venta del terreno”.
El Ministerio Público solicitó a Osorio Vargas el libro de actas para tener acceso a la sesión ordinaria del 22 de enero de 2004, pero se extravió en una notaría. “Cañita” se limitó a entregar una copia de la denuncia policial de la pérdida.
Los jueces Albújar de la Roca, Sedano Núñez y Salas Miranda, en el irrito fallo a favor del aprista “Cañita”, señalaron que “no se había acreditado que los procesados Carlos Enrique Osorio Vargas, César Fausto Huamán Medina y Gabino Raúl Ramos Córdova hayan insertado indebidamente en el libro de actas la venta del terreno ubicado en Garganto”.
El fiscal William Pandal Campos apeló el fallo condenatorio y la Corte Suprema de Justicia de la República declaró nula la sentencia de los tres cuestionados jueces iqueños y ordenaron un nuevo juicio oral por otro colegiado.
Se recomendó que en el nuevo proceso se realice una pericia de valorización comercial del terreno vendido por la municipalidad de Los Aquijes.
