El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina dictó 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora Rodríguez y otros siete investigados por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal, en el marco de la investigación por el presunto desvío de S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Enviados a la cárcel

La medida también alcanza a César Antonio Nepo Zoya, Daniel Jesús Mesones Macini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncalla y Máximo Salomón Ojeda Cisneros.

Al término de una extensa audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el magistrado declaró fundado en parte el pedido formulado por el Ministerio Público y concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan preliminarmente a los investigados con una presunta organización criminal denominada “Los arquitectos del fraude” dedicada a cometer fraude informático en agravio del Estado. El juez ordenó además el internamiento de los ocho investigados en un establecimiento penitenciario administrado por el INPE. La única excepción fue Álvaro Andrés Bacacela, para quien se dictó comparecencia con restricciones.

El caso se originó tras detectarse el desvío de aproximadamente S/ 9.9 millones de las cuentas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

De acuerdo con la Fiscalía, los investigados integrarían una presunta organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”, dedicada a vulnerar sistemas informáticos de entidades públicas para ejecutar transferencias ilícitas de recursos estatales.

La tesis fiscal sostiene que el 13 de abril una supuesta comitiva de asesores parlamentarios visitó al alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, bajo el argumento de brindar asesoría técnica. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que dicha reunión habría servido para obtener credenciales y datos personales que posteriormente permitieron acceder de manera ilícita al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF, desde donde se ejecutaron las operaciones investigadas.

Según el Ministerio Público, el dinero fue transferido inicialmente a la empresa FFC MMA S.A.C., representada por Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. Posteriormente, los fondos habrían sido distribuidos mediante 41 operaciones bancarias.

Cabe señalar que, durante la audiencia judicial, se presentaron contratos de alquiler, partidas de nacimiento, certificados médicos, declaraciones juradas, boletas de pago, documentos tributarios, contratos empresariales y otros medios de prueba destinados a demostrar que ninguno de los investigados tenía intención de eludir la acción de la justicia. Sin embargo, el magistrado consideró que esos elementos no eran suficientes para descartar el peligro procesal.

“El arraigo no es un concepto o requisito fijo que puede evaluarse en términos absolutos. Los documentos o los arraigos que pretende la defensa acreditar no son sólidos ni suficientes para poder enervar el peligro procesal frente a estos graves hechos por los cuales vienen siendo imputados”, señaló el juez Raúl Romero Palacios.

Tras conocerse la resolución judicial, el abogado de Jackson Mora anunció que presentará un recurso de apelación con el objetivo de que una sala superior revoque la medida de prisión preventiva. Será la Corte Superior correspondiente la que evalúe los argumentos de la defensa y determine si confirma o modifica la decisión adoptada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina.

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