Un caso que ha generado indignación en la provincia de Chincha expone presuntas serias fallas en el sistema de justicia: una joven de 18 años señalada de atacar brutalmente a una comerciante con un cúter fue liberada debido al vencimiento del plazo legal de detención, pese a la gravedad de los hechos y a la existencia de pruebas clave.

Ataque criminal

El ataque ocurrió la noche del 9 de abril, alrededor de las 9:00 p.m., en el centro poblado Cañapay, en el distrito de Chincha Baja. La víctima, Lizette Carol Manuelo Cruz de 35 años, se encontraba atendiendo su tienda cuando fue sorprendida por Mileydi Jackelin Flores Porras (18), quien no era una desconocida: residía en la zona y frecuentaba el negocio.

De acuerdo con la investigación, la joven habría planificado el hecho con anticipación. Entre el 8 y 9 de abril mantuvo comunicación por WhatsApp con la comerciante, insistiendo en saber si atendería en horario nocturno, bajo el argumento de pagar una deuda de su madre. La intención, según se presume, era confirmar que la víctima estaría sola.

Ya en el local, la imputada permaneció varios minutos aparentando ser una clienta más. Incluso solicitó una transferencia vía aplicativo Yape por S/600, que finalmente se redujo a S/300. Mientras tanto, ocultaba un cúter entre sus pertenencias y simulaba compras con productos del establecimiento.

El ataque se produjo cuando la comerciante se dirigió hacia la parte posterior del negocio, un espacio sin puertas ni ventanas. En ese momento, fue seguida por la joven, quien la habría agredido directamente en el cuello con el arma cortante. El corte fue extenso de hasta 20 centímetros y comprometió seriamente su vida.

La víctima logró resistir mientras perdía abundante sangre. En ese instante intervino un joven para auxiliarla, utilizando su propia prenda para contener la hemorragia. Minutos después, otras personas llegaron para colaborar y gestionar su traslado de emergencia a la Clínica De los Vásquez, donde los médicos realizaron una intervención urgente en la vena yugular cortada.

Tras el hecho, la presunta agresora acudió a la comisaría junto a sus familiares, alegando una supuesta agresión mutua. Aunque presentaba un corte en el brazo, no se logró determinar su origen. Fue detenida en flagrancia, pero el caso dio un giro inesperado.

El fiscal encargado, Saúl Vargas Sullcapuma, no habría presentado a tiempo el requerimiento de prisión preventiva. El plazo legal de detención venció el 14 de abril en horas de la madrugada, sin que se formalizara la solicitud correspondiente. Recién al día siguiente se intentó subsanar la omisión.

Ante esta situación, el juez Luis Antonio Balbuena Carrasco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha, dispuso la liberación de la joven por exceso de detención, precisando que ya no existía sustento legal para mantenerla bajo custodia. Asimismo, ordenó remitir el caso a las instancias de control del Ministerio Público para evaluar responsabilidades por la omisión fiscal.

Pese a su excarcelación, el proceso continúa en curso. La defensa de la víctima ha presentado un video de más de seis minutos que registraría el momento del ataque, además de testimonios de testigos presenciales que auxiliaron a la comerciante.

El próximo 4 de mayo se llevará a cabo una audiencia clave, en la que se evaluará el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra la imputada. La decisión será para establecer si la joven afrontará el proceso en libertad o volverá a prisión.

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