El Poder Judicial impuso 35 años de prisión efectiva contra un sujeto procesado por el delito de violación sexual de menor de edad y por proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales en agravio de un niño de 13 años. Se trata de Pedro Fernando Lira Cabrera (50) autor y responsable de los hechos cometidos en forma reiterada desde diciembre del año pasado, tras captar al agraviado, a quien llevaba a su casa para cometer el abuso.

Sentenciado por violación

El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, liderado por el fiscal provincial Alan Rodrigo Saldaña De la Rosa, logró una sentencia de 35 años de prisión efectiva contra Pedro Fernando Lira Cabrera (50), autor y responsable de los delitos de violación sexual de menor de edad y proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, en agravio de un menor de 13 años.

De acuerdo con la carpeta fiscal, los hechos delictivos se venían cometiendo de manera continuada desde diciembre de 2025. El implicado contactaba a la víctima a través de redes sociales y telefonía celular, empleando un vehículo para trasladar al menor hacia su vivienda, lugar donde consumaba los actos ilícitos.

La captura se ejecutó el 6 de marzo de 2026 mediante un operativo de la Policía Nacional del Perú, coordinado inmediatamente tras recibir la denuncia del padre del agraviado. Las autoridades interceptaron el automóvil conducido por Lira Cabrera en la UPIS San Agustín (Chincha Alta), en los precisos momentos en que transportaba al menor.

El fiscal provincial Alan Saldaña De la Rosa presentó un sólido expediente con pruebas determinantes, entre las que destacaron la declaración de la víctima en Cámara Gessel, el protocolo de pericia psicológica que acreditó la afectación del menor y el acta de visualización del teléfono celular donde constaban los mensajes del sentenciado.

Además de la pena privativa de la libertad, se fijó una reparación civil de S/. 12,000.00 soles a favor de la parte agraviada. Asimismo, se dispuso de forma obligatoria que el sentenciado sea sometido a un tratamiento terapéutico especializado conforme lo establece el artículo 178-A del Código Penal.

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