Confirman prisión preventiva para agentes del INPE

La Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica ratificó la medida de prisión preventiva de 18 meses a los cuatro trabajadores del Instituto Penitenciario de Ica Dante Edgardo Taboada Velásquez (supuesto instigador), Moisés Henry Aquino Sánchez, César David Peñaloza Advíncula y Julio Oswaldo Chacaltana Huarcaya, presuntos cómplices primarios investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de Piero Alexánder Aguirre Vigil, quien era interno del Penal Cristo Rey de Cachiche.

De esta forma, se confirmó la resolución emitida por el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ica, que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva.

Los funcionarios del Establecimiento Penitenciario de Ica, que ocupaban los cargos de jefe de seguridad, supervisor del pabellón, agente personal de Servicio y alcaide del Servicio, son acusados por la Fiscalía por presuntamente haber cometido el delito de obstrucción a la justicia y simulación de pruebas e indicios en agravio del Estado Peruano.

Asimismo, se les atribuye a los investigados haber planificado los pormenores de cómo dar muerte al interno Piero Aguirre Vigil, creando un escenario distinto al que pasó en realidad, encubriendo al autor, hecho ocurrido el 24 de marzo de 2017 en el interior del Establecimiento Penitenciario de Ica.

Cabe mencionar que también estos cuatro trabajadores fueron sindicados de estar inmersos en el crimen por Daniel Olivares Rivera, autor confeso del asesinato a alias “Pierito”.

Tras esta medida, los cuatro funcionarios pasarán 1 año con seis meses bajo prisión desde el 04 de abril, mientras duren las investigaciones y se determine su presunta implicancia en la muerte de Aguirre Vigil.

Según el Código Penal (Decreto Legislativo N°635) en el Artículo N° 409-A: obstrucción a la justicia: “El que mediante el uso de fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido impide u obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.

Los acusados podrían recibir entre tres y cinco años de sentencia de pena privativa de la libertad de comprobarse que están inmersos en este delito.

DESCONTENTO. A pesar de que para los colegas de los trabajadores del INPE y el director del penal Cristo Rey de Cachiche fuera considerado “injusto” que se les dicte prisión preventiva y sus abogados apelaran la medida emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica ratificó la prisión preventiva, pues se efectuó el análisis exhaustivo de la resolución materia de apelación, en función a los argumentos expuestos por los impugnantes, el persecutor oficial del delito y los primeros recaudos. El colegiado verificó la concurrencia de los tres presupuestos de la prisión preventiva en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

Además, en la audiencia que se realizó el pasado 4 de abril, el juez del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, doctor Luis Aparcana Hidalgo, tuvo que escuchar el requerimiento del fiscal Ángel Mendoza Supo y los alegatos de la defensa. Tras varias horas, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, al verificarse los primeros recaudos y la concurrencia de los tres presupuestos de la prisión preventiva.

Durante las investigaciones tras el asesinato de Piero Aguirre, según la confesión de Olivares Rivera, los acusados de ayudar en la muerte del interno le ofrecieron 10 mil soles.

ASESINATO. Todo inició desde el 24 de marzo en horas de la tarde, cuando se encontró muerto y con signos de estrangulamiento el cuerpo de Piero Alexander Aguirre Vigil (22) en la celda conocida como “El hueco”, en el pabellón de 11-A, del penal.

El interno Aguirre Vigil era quien faltaba al momento de pasar lista, luego de que los internos procedieran a ingresar al pabellón de meditación conocido como “El Hueco”, luego de que salieran al patio.

EVENTOS. Durante el asesinato de este reo, tres eventos se realizaban en el Penal “Cristo Rey de Cachiche”: la elección y coronación de la reina de La Vendimia, la presentación de un grupo sinfónico de Lima y la entrega de donativos a los damnificados de Chanchajalla, en el distrito de La Tinguiña.

El asesinato se produjo a las 3:30 de la tarde, pero recién se comunicó lo ocurrido a las 7:30 de la noche a la Comisaría de Ica, para lo cual el personal policial acudió a realizar la constatación.

Al realizarse la labor policial y descubrir que se trataba de un homicidio, el caso fue derivado a la Sección de Investigación de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Tras ello, los agentes policiales del Depincri iniciaron las investigaciones y se constituyeron también al penal, recabando indicios y evidencias, así como testimonios.

Durante este período, Daniel Olivares Rivera confesó ser el autor del crimen y sindicó a los cuatro funcionarios del INPE por presunta complicidad.

En las diligencias el personal del Depincri encontró indicios de que los cuatro trabajadores estarían implicados en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio calificado y contra la administración de justicia (obstrucción de la justicia) por la presunta simulación de pruebas e indicios sobre el homicidio contra el interno alias “Pierito” en el interior del Penal de Cachiche, debido a que -según la versión del médico que fue a atenderlos- contradecía la versión de los cuatro funcionarios, pues se determinó que habían movido el cuerpo del occiso, además la escena del crimen no coincidía con la versión que daban.

DETENCIÓN. Fue tras ello que el personal policial del Depincri solicitó al juzgado la detención preliminar de los trabajadores del INPE.

Al darse la orden del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el lunes 27 de marzo, a las cinco de la tarde, integrantes de la sección de investigación de homicidios con apoyo de la sección de investigación de robos del Depincri detuvieron a los cuatro trabajadores del INPE y, durante ese período, el fiscal Ángel Mendoza Supo pidió la ampliación de su detención preliminar.

Se supo que durante el tiempo dictado, los presuntos implicados caían en muchas contradicciones, hasta que se cumplió su detención preliminar y se les dictó prisión preventiva.

PROTECCIÓN. Por el momento los reos Daniel Orlando Olivares Rivera y Cristhian Cisneros Vía permanecen en las carceletas de la Policía Judicial y del Departamento Antidrogas, luego de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal, para proteger a los dos reclusos durante el proceso, solicitó que sean derivados a otros penales del país.

El Ministerio Público ha solicitado que Olivares Rivera debe ser trasladado a otra penitenciaria del país como el penal Castro Castro o Lurigancho, ambos en Lima, mientras que Cisneros Vía (testigo del hecho) será trasladado al penal Pocollay de la región Tacna.