La Contraloría General de la República (CGR) emitió una severa advertencia sobre presuntas irregularidades administrativas en el Programa Regional de Titulación de Tierras (PRETT) del Gobierno Regional de Ica, al detectar que decenas de personas venían ejerciendo funciones sin contar con vínculo laboral ni contractual vigente con la entidad.

Funciones ilegales

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio n.° 047-2025-OCI/5340-SOO, elaborado tras una evaluación realizada entre el 16 y el 22 de diciembre de 2025, se constató que 33 personas desempeñaban labores administrativas propias del PRETT sin respaldo legal, situación que pone en riesgo la validez de actos vinculados a procesos sensibles como la adjudicación de terrenos.

El documento de control precisa que estas personas no acreditan contrato vigente ni relación laboral formal con el Gobierno Regional de Ica, pese a que tenían acceso a bienes, sistemas e información institucional, además de intervenir en procedimientos administrativos del programa.

Uno de los hechos más graves advertidos por la Contraloría es que la jefatura del PRETT, encontrándose en comisión de servicios, encargó sus funciones a una persona que no tenía vínculo vigente con la entidad. Según el informe, dicha atribución correspondía exclusivamente al gerente regional del GORE Ica, lo que evidenciaría un acto administrativo sin sustento normativo.

La comisión de control también verificó que a estas 33 personas solo se les generaron órdenes de servicio durante los meses de junio y octubre de 2025, sin que exista continuidad contractual que justifique su permanencia o funciones durante el resto del año.

Pese a esta situación irregular, el PRETT continuó operando con normalidad y, como resultado de las actividades realizadas por este personal no formalizado, se registró una recaudación de S/ 214 645 entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025, monto cuya gestión podría quedar bajo cuestionamiento legal.

La Contraloría advirtió que la ejecución de actos administrativos por personas sin habilitación legal compromete la legitimidad de los procedimientos, expone a la entidad a eventuales nulidades y genera riesgos administrativos, civiles e incluso penales para los funcionarios responsables.

Asimismo, el informe señala que esta práctica vulnera los principios de legalidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, pilares fundamentales en programas vinculados a la formalización y titulación de predios.

Finalmente, la Contraloría informó que el resultado del informe fue comunicado a las autoridades competentes del GORE Ica, a fin de que se dispongan las medidas correctivas correspondientes y se eviten riesgos mayores que puedan afectar la seguridad jurídica de los procesos de titulación en la región.

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