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La empresa Constructora e Inversiones Generales MYP SAC se adjudicó un tramo de la obra: “Control de desbordes e inundaciones en el río Ica y quebrada de Cansas – Chanchajalla” y según el reciente informe de la Contraloría General de la República se han encontrado una gravísima irregularidad.
El informe de orientación señala que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc) no ha verificado la autenticidad de la oferta presentada por el postor que se adjudicó el tramo puente Grau- puente Cutervo.
La empresa para adjudicarse la obra presentó documentación que acreditaban su experiencia en la obra: “Creación de defensa ribereña para protección de áreas agrícolas y urbanas, margen izquierdo aguas abajo del río Socotino, en los sectores de Mashca y Chuqui, distrito de Cojata- Huancané en Puno” a cargo de MY y PM Construcciones e Ingeniería EIRL.
En este proyecto figuran los nombres de Juan San Martín León como residente de Obra y Lucio Pedro Gutiérrez Quispe como supervisor de obra de Puno. Las firmas registradas de los dos ingenieros difieren de las rúbricas en la RENIEC.
La Gerencia Regional de Control solicitó la información a los dos ingenieros si efectivamente eran sus firmas y habían participado en la ejecución del proyecto de Puno.
Respuesta de los ingenieros
San Martín León respondió que nunca mantuvo algún vínculo laborar con MY y PM Construcciones e Ingeniería EIRL, que no es su firma y por aquella fecha cuando se ejecutó la obra y liquidación de la misma, “estaba laborando en la obra: “Instalación del sistema de irrigación Caninaco, distrito de San Luis, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald – Áncash” como residente de obra.
Gutiérrez Quispe respondió que nunca trabajó en la obra de Cojata – Huancané, no conoce a la empresa MY y PM Construcciones e Ingeniería EIRL y nunca firmó el acta de terminación del proyecto y mucho menos es su firma.
La documentación presentada respecto a la obra de Puno, permitió a Constructora e Inversiones Generales MYP SAC ser declarado ganador de una parte del río Ica.
La Contraloría advirtió que el hecho ponía en riesgo la legalidad y validez de los actos y no garantizaría el cumplimiento de los compromisos pactados.
