Fiscalía investigará la compra sobrevalorada de las 10 camionetas

Cuatro meses después, la denuncia del regidor César Magallanes Dagnino encontró eco en el Ministerio Público, que decidió investigar la compra sobrevalorada de las 10 camionetas para el serenazgo.

Pero fue el abogado Carlos Huerta Escate quien recién el 7 de diciembre formuló la denuncia penal contra los que resulten responsables por la adquisición de las 10 unidades y 25 motocicletas, también para los serenos.

Magallanes cuestionó la compra sobrevalorada de las 10 camionetas que costaron un millón 447 mil soles, un aproximado de 144 mil 700 soles cada una.

El regidor obtuvo cotizaciones de la empresa Almacenes Santa Clara, que por la misma marca Chevrolet propuso vender a 38 mil 490 dólares. Sin embargo, las unidades que compró el alcalde Carlos Ramos Loayza a RGR Equipos y Maquinarias, creado el 1 de abril de 2015, costaron 43 mil dólares cada una.

Reveló que Pacífico Motors (Nissan), de propiedad de un empresario iqueño, en su propuesta económica planteó vender cada unidad por 39 mil 990 dólares; además “planteó regalar mil dólares a la municipalidad por cada vehículo comprado”.

“Por 10 camionetas, el descuento era mucho mayor”, comentó Magallanes y lamentó la enorme diferencia entre los precios de la proveedora RGR Equipos y Maquinarias y otras empresas.

El escándalo explotó y el pleno municipal en la sesión del 1 de setiembre aprobó que el Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Provincial de Ica realice un examen especial en la compra, ante los serios indicios de sobrevaloración.

“En abril de 2016 no estaba vigente como proveedor RGR Equipos y Maquinarias en la SUNAT”, denunció el regidor Mario Bonifaz; ya que, según la consulta RUC a dicha empresa, la fecha de baja sucedió el 15 de marzo de este año. La regidora Yasmín Cairo dijo que para la compra de dichas camionetas el comité de licitación debió justificar la entrega de la buena pro y mostrar los documentos de cotización realizada a diferentes empresas.

El fiscal provincial James Henry Castro Apolaya, de la Primera Fiscalía Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios, citó a Huerta Escate para el 6 de febrero próximo para rendir su declaración y ampliar la denuncia.

Además, la Fiscalía ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Ica remitir el nombre de las personas que tenían el cargo de subgerente de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal. La OCI también deberá informar sobre las acciones de control realizadas.

El Ministerio Público también ha solicitado al municipio el nombre de los miembros titulares y suplentes del comité especial que realizó el proceso de selección y compra de las motos lineales y camionetas para el servicio de Serenazgo de Ica.