El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios condenó a 5 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio en contra de Renato César Hurtado Busso (39), en su calidad de auditor de la Contraloría adscrito al Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud de Ica, al igual que a su coinvestigado, Saúl Leandro Palomino Olivares (32), quien también fue condenado a 3 años y 11 meses de pena privativa de libertad.
Grave delito
El caso y la dirección de la investigación estuvo a cargo del abogado Fernando Paúl Catacora Pamo fiscal provincial y fiscal delegado del Subsistema Anticorrupción en adición a sus funciones, también contó con la participación de su personal fiscal adjunto, Rosa Karina Sánchez Aburto, Lucely Pérez Zevallo y Nailea Gonzales Segovia.
El representante del Ministerio Público al tomar conocimiento de la denuncia de parte interpuesta por la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel Nacional, dispuso en forma inmediata el inicio de las diligencias preliminares, declarando la reserva de la investigación por el plazo de 20 días, que conllevaron a realizar acciones de inteligencia con personal policial del la DIVIAC, por ello se requirió inmediatamente la detención preliminar del citado auditor como de su coinvestigado, así como el allanamiento, incautación y levantamiento del secreto de comunicaciones que permitieron vincular a ambos investigados con los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.
El titular de la acción penal en forma inmediata requirió al órgano jurisdiccional competente la incoación de proceso inmediato, que conllevó a que el caso sea terminado en el plazo de 48 horas después de haber vencido el plazo de la detención preliminar ordenada por el juzgado (72 horas), logrando así en tiempo récord una sentencia condenatoria contra ambos investigados.
Los hechos materia de investigación estuvieron relacionados a la “Labor Anticontrol” realizada por parte del funcionario auditor de la Contraloría, quien en violación de sus obligaciones aceptó el ofrecimiento de un donativo de 2 mil soles por parte de su coinvestigado Palomino Olivares, a fin que realice su informe de descargo respecto de un servicio de control específico en el cual había participado el mismo auditor imputado; cargos de imputación que fueron aceptados por ambos investigados ante el juez de garantías.
Fueron detenidos
Cabe señalar que los sujetos fueron detenidos a fines del mes de mayo del 2024, cuando la oficina de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales del Gobierno Regional de Ica y la oficina del Órgano de Control Institucional de la Diresa Ica fueron allanadas tras la adjudicación de un servicio por más de S/ 1.6 millones.
De acuerdo con la información oficial en el 2022 el Hospital San José de Chincha entrega la buena pro al Consorcio Señor de Luren para la prestación del servicio de limpieza y desinfección de las áreas asistenciales y administrativas por la suma de un millón 631 mil 651.46 soles. En este procedimiento se detectó una serie de irregularidades, siendo necesario que se conforme una Comisión Auditora. Luego de la evaluación del caso se elabora el “pliego de hechos”, el cual fue notificado a Saúl Palomino Olivares, exjefe de la Unidad de Logística del nosocomio, y que actualmente labora en la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales del GORE Ica.
Ante este escenario -según información oficial- Palomino coordina con Renato Hurtado Busso (uno de los tres miembros de la Comisión Auditora), y según la sentencia le dio un donativo de 2 mil soles para que realice el “informe de descargo”.
El caso fue alcanzado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria y se dictó la orden de detención preliminar de Hurtado y Palomino. El personal de la Diviac Ica realizó el “Operativo Honestidad” para intervenir a los involucrados, sindicados de integrar la banda denominada “Los negociantes del sur 2″.
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