La delincuencia se ha convertido en la principal preocupación de los iqueños. Según el INEI, al primer trimestre de 2026, el 66% de la población en Ica identificó este problema como el más grave del país, por encima de la cifra promedio nacional (60%). Este resultado es consistente con la evolución de la victimización en la región, cuya tasa aumentó de 17.4% a 21.8% entre 2019 y 2025.

Datos estadísticos

Este patrón se refleja en las denuncias a la policía: en el primer semestre de 2026, Ica registró 1,974 denuncias totales por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional (1,782) y 2.6% más que en el mismo periodo de 2025. En particular, las denuncias por extorsión alcanzaron una tasa de 31.3 por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo, 3.4% mayor frente a lo registrado en el mismo periodo de 2025.

El aumento de la inseguridad también se refleja en un aumento de los homicidios. En los últimos doce meses, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue 9.0, la quinta mayor tasa del país y una cifra superior al promedio nacional (6.5). A nivel de provincias, Chincha registró el mayor deterioro, con una tasa que se cuadruplicó en el mismo periodo (de 3.5 a 14.9), seguida de Pisco (de 8.9 a 18.2).

La mayor criminalidad ocurre en un contexto de expansión de la minería ilegal. En Ica, las denuncias por este delito aumentaron 71% en los últimos cinco años, mientras que el número de plantas de beneficio de pequeña minería y minería artesanal se triplicó desde 2019. Estas instalaciones carecen de mecanismos de trazabilidad efectivos que garanticen el origen legal de los minerales que procesan, contribuyendo a la expansión de esta actividad.

En este contexto, la capacidad operativa de la policía enfrenta importantes limitaciones. Por un lado, Ica registra uno de los mayores niveles de patrullaje integrado del país, dado que 90.7% de sus comisarías comparten información entre PNP y municipalidades en 2025, solo por detrás de Lima Metropolitana (100%). Sin embargo, aún muestra importantes rezagos en infraestructura y equipamiento policial: entre 2019 y 2024, la proporción de comisarías con pisos, paredes y techos en buen estado se redujo de 82.4% a 38.2%, la mayor caída registrada a nivel nacional.

A ello se suma una menor disponibilidad de recursos: para 2026, el presupuesto destinado para orden público y seguridad en Ica asciende a S/ 487.5 millones, lo que representa una reducción de 16.8% respecto de 2025. Además, ajustando por población, este presupuesto equivale a S/ 441 por habitante, por debajo del promedio nacional (S/ 482 por habitante).

De cara a las elecciones regionales y municipales de octubre es clave que los iqueños exijan a los candidatos propuestas concretas para combatir la criminalidad. Esto incluye el cierre de brechas que limita la capacidad operativa de la PNP, lo que requiere impulsar mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuesto (OxI) que permitan modernizar comisarías y renovar la flota vehicular.

Asimismo, resulta imprescindible fortalecer la articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y avanzar en sistemas de información compartidos. A ello se debe sumar una mayor priorización presupuestal y de inteligencia operativa para combatir la minería ilegal, así como el cierre del Reinfo sin nuevas prórrogas.

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