La magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Renato Sebastián Avilés Bravo y Jhon Franco Hernández Escate, investigados por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Cesar Eduardo Brito Hernández y otros.

Ataque criminal

La medida coercitiva fue dispuesta el 6 de enero de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que la magistrada escuchara y evaluara los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la defensa técnica de los imputados, así como la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

Según el requerimiento fiscal, los hechos materia de investigación se habrían producido el 4 de enero de 2026, aproximadamente a las 03:00 horas, en las inmediaciones de la discoteca “Reset 2”, ubicada en la avenida Camino a Huacachina, en la ciudad de Ica.

En dicho lugar, los investigados presuntamente habrían participado de manera directa en un violento ataque, durante el cual se realizaron varios disparos con arma de fuego, poniendo en grave riesgo la vida e integridad física de diversas personas.

Como consecuencia de este accionar, resultaron agraviados César Eduardo Brito Hernández, Jorge Flores Díaz, Renato Tomás Dávila Mallorga, Katharina María Ernst, Damaris Jamile Banchez Bicencio, Israel Samuel Romero Arrieta y Elim Aquilino Gonzales Ballón, con impactos de bala en muslos, glúteos y abdomen, también una menor de 17 años que por el disparo perdió un riñón y el proyectil ha comprometido también su estómago, riñón y colon. Fueron trasladados al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica por las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, configurándose el presunto delito imputado.

La resolución judicial ordena el internamiento de los investigados en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), medida que se computa desde el 4 de enero de 2026, fecha de su detención, hasta el 3 de octubre de 2026, con la finalidad de asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal.

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