El sector agrario, productores, agricultores y comunidades de Ica mantienen su expectativa ante el próximo fallo del Tribunal Constitucional (TC), una decisión que podría marcar un precedente clave para la protección de la agricultura peruana y poner fin a un conflicto que ha generado preocupación por sus posibles efectos en la producción de alimentos, el empleo rural y las inversiones vinculadas a esta actividad.

Sigue el proceso

El caso está relacionado con la Ordenanza N.° 026-2024 de la Municipalidad Provincial de Ica, una norma cuestionada por la Defensoría del Pueblo por presuntas vulneraciones al marco constitucional y a las competencias de ordenamiento territorial. Por ello, la entidad presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que la ordenanza sea declarada inconstitucional y, en consecuencia, quede sin efecto.

Esta ordenanza aprobó el cambio de zonificación de terrenos agrícolas a uso industrial en el distrito de Salas Guadalupe, en Ica, una medida que, según el sector agrario, podría afectar la producción agrícola, comprometer las relaciones comerciales internacionales y debilitar el posicionamiento de la región como uno de los principales polos agroexportadores del país.

La situación se intensifica debido a que el cambio de zonificación fue promovido a solicitud de la empresa china Tengda Perú Cerámica S.A.C., firma que ha estado vinculada a diversos cuestionamientos y denuncias relacionados con la instalación de una planta industrial de aproximadamente 60 hectáreas en Salas Guadalupe.

De acuerdo con información pública, la empresa inició operaciones en 2023 en una zona destinada a actividades agroindustriales y, hasta la fecha, no contaría con las autorizaciones correspondientes para la construcción ejecutada ni para el funcionamiento de sus instalaciones. Asimismo, ha sido objeto de sanciones por parte de entidades como la ANA, la SUNAFIL y el OEFA.

También existen cuestionamientos sobre los posibles impactos ambientales de la medida, entre ellos una mayor presión sobre los recursos hídricos, la afectación de los suelos agrícolas y la falta de estudios técnicos y ambientales que respalden el cambio de uso de los terrenos. Estos argumentos forman parte de la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.

Frente a esta situación, diversos gremios esperan que el Tribunal Constitucional proteja las tierras agrícolas y permita que el campo siga creciendo, generando trabajo y oportunidades para miles de peruanos.

“Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que declare la nulidad del procedimiento y se retraiga para que no se dé el cambio de zonificación aprobado por la Municipalidad. En esencia El TC debe decidir si la ley peruana se tiene que cumplir o no. Si el Tribunal concluyera que las normas pueden incumplirse y posteriormente convalidarse, ello sentaría un precedente sumamente preocupante y representaría un serio retroceso para el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el Perú”, señaló Manuel Olaechea, presidente del comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica.

Por su parte, Orlando Janampa, presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Ica, indicó que, frente a esta situación, “se pretende imponer un interés económico por encima del debido proceso y del cumplimiento de la ley, lo que genera una profunda preocupación. El Tribunal Constitucional debe actuar con independencia y sin ceder a ninguna presión”.

La expectativa en torno a este caso responde, además, al peso que tiene la agricultura en la economía peruana. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, el sector representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera más de cuatro millones de empleos.

En ese contexto, el próximo fallo del Tribunal Constitucional será determinante para el futuro de las tierras agrícolas y para la continuidad de una actividad que impulsa el empleo, las exportaciones y el desarrollo regional.

EL DATO: Para junio del 2024, OEFA inició proceso sancionador contra la fábrica de cerámica Tengda, ya que entre mayo y junio de 2023, se realizaron diversas denuncias ambientales contra la fábrica china.

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