‘Justicia popular’ se propaga en las calles de Chincha

Los congraciantes beneficios que existen para las personas que cometen un hecho ilícito se están revirtiendo con las acciones de cientos de ciudadanos que empezaron a repeler a los ladrones con golpes. Pero esta medida, desde el punto de vista jurídico, no es el mejor camino, ya que se podría estar cometiendo excesos que comprometen a las víctimas y que las covertirían en futuros agresores de sus delincuentes.

Según los antecedentes que se recuerdan en Chincha, un delincuente que ingresó a robar a una casa en la UPIS San Agustín fue quemado vivo por la población y, aunque logro salvarse, nunca olvidará ese día.

Otro caso es el de un ladrón que junto a su banda robó una moto lineal en el centro poblado Cányar. El acusado falleció tras ser salvajemente golpeado.

Estos son solo dos de las ya innumerables situaciones límite contra la delincuencia en los últimos años en esta ciudad; la misma que vuelve a saltar a las primeras planas con lo sucedido en la sexta cuadra de la Av. América, en Chincha Alta, y en el interior de un conocido centro comercial.

En ambos casos los agraviados con apoyo de la ciudadanía agarraron a los delincuentes y les propinaron tremenda paliza antes de entregarlos a la PNP.

Lo que está sucediendo en las calles, según la interpretación del abogado penalista Luis Solari Oliva, es “la falta de una eficiente administración de justica de parte de la Policía Nacional y del Ministerio Público”, pues los agraviados al ver la liberación de un sujeto implicado en un hecho ilícito se sienten vulnerados de sus derechos e indefensos ante sus agresores, temiendo volver a ser acechados por las personas que alguna vez denunciaron.

El letrado sugiere que antes de tomar justicia popular “los afectados o testigos pueden actuar mediante el arresto ciudadano, que está permitido por el Código Procesal Penal” y más bien no llegar a la agresión porque de lo contrario “el ciudadano se puede ver implicado en el delito de Justicia por Propia Mano.

Además, cabe la posibilidad de que “se esté cometiendo un error al golpear a estos supuestos delincuentes que aún no han sido juzgados”, remarcó Solari Oliva.