La Municipalidad Distrital de Marcona ocasionó un perjuicio económico de S/88 988,22 por el pago de aguinaldos superiores a los montos permitidos por ley a pensionistas y cesantes durante el periodo 2016-2022. La irregularidad fue identificada por la Contraloría General de la República, que examinó los desembolsos efectuados por Fiestas Patrias y Navidad a beneficiarios del régimen del Decreto Ley n.° 20530.

Convenios cuestionados

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 020-2026-OCI/0407-AOP, durante esos siete años la municipalidad desembolsó un total de S/117 188,22 por concepto de aguinaldos. Sin embargo, el monto máximo autorizado por las disposiciones presupuestarias para esos pagos ascendía a S/28 200. La diferencia entre ambas cantidades constituye el perjuicio económico advertido por el órgano de control.

El documento precisa que los beneficios fueron recibidos por ocho personas reconocidas mediante resoluciones administrativas emitidas por la propia entidad. De este grupo, seis tenían la condición de cesantes por jubilación y dos eran pensionistas por sobrevivencia, en condición de viudez. La Contraloría determinó que estos beneficiarios recibieron pagos que superaban los límites establecidos en las normas presupuestarias de cada ejercicio fiscal.

El desglose de los montos observados registra un perjuicio de S/11 849,38 durante 2016; S/12 279,38 en 2017; y S/12 627,38 en 2018. Asimismo, se identificaron S/6 039,33 correspondientes a julio de 2019, S/12 228,66 por reintegros de diciembre de 2019 y julio de 2020, S/6 189,33 en diciembre de 2020, S/13 707,38 en 2021 y S/14 067,38 en 2022.

Según el informe, los pagos se sustentaron en pactos y convenios colectivos suscritos entre la municipalidad y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Marcona (Sitramun), entre ellos acuerdos celebrados desde 1995. Estos documentos contemplaban beneficios económicos equivalentes a un sueldo y medio por concepto de aguinaldos. No obstante, la Contraloría señaló que sus disposiciones no eran aplicables a pensionistas y cesantes que ya no mantenían un vínculo laboral activo con la entidad.

El órgano de control también advirtió que las leyes de presupuesto del sector público establecían un límite de S/300 por cada aguinaldo, tanto para las celebraciones de Fiestas Patrias como para Navidad. Esta disposición se encontraba contemplada en las normas presupuestarias y sus respectivos decretos supremos reglamentarios. Pese a ello, los funcionarios municipales habrían permitido la elaboración y aprobación de planillas con montos superiores a los autorizados legalmente.

Uno de los aspectos observados corresponde a la actuación de la Gerencia de Asesoría Jurídica durante 2019. Según el documento, esta dependencia emitió inicialmente opiniones legales que señalaban la improcedencia de otorgar aguinaldos por encima de los límites establecidos por ley. Sin embargo, posteriormente modificó su criterio y recomendó reconocer reintegros de gratificaciones a favor de los pensionistas y cesantes incluidos en el caso.

A raíz de este cambio de criterio, se emitió la Resolución de Alcaldía n.° 367-2020-A-MDM, que aprobó el reconocimiento de reintegros correspondientes a diciembre de 2019 y julio de 2020. La Contraloría cuestionó que esta decisión se sustentara en una recomendación distinta a las opiniones legales emitidas inicialmente. Estos desembolsos adicionales fueron incluidos entre los hechos que generaron el perjuicio económico identificado.

El informe señala que en el procedimiento participaron funcionarios de distintas áreas de la municipalidad, entre ellas Recursos Humanos, Administración, Planificación y Presupuesto, además de Asesoría Jurídica. Estas dependencias intervinieron en la elaboración, certificación, evaluación y aprobación de las planillas de aguinaldos. La Contraloría advirtió que estas actuaciones permitieron efectuar pagos por encima de los montos autorizados por las normas presupuestarias.

Asimismo, el órgano de control sostuvo que los pactos colectivos no podían justificar el otorgamiento de estos beneficios a personas sin vínculo laboral vigente. Para sustentar esta observación, el documento recoge criterios del Tribunal Constitucional y pronunciamientos técnicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), relacionados con la imposibilidad de extender los beneficios de convenios colectivos a pensionistas y cesantes.

Finalmente, la Contraloría comunicó los resultados del servicio de control a la Municipalidad Distrital de Marcona y recomendó que la entidad adopte medidas para atender y superar los hechos con indicios de irregularidad. También solicitó la presentación de un plan de acción y dispuso que, de corresponder, se efectúe el deslinde de responsabilidades. El informe fue emitido el 30 de septiembre de 2026 por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Nasca.

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