La Fiscalía solicitó al Poder Judicial la suspensión temporal de Johny Augusto Isla Cuadrado, responsable del Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa, al considerar que habría omitido ejecutar acciones eficaces frente a las ocupaciones detectadas en el paisaje arqueológico de Pampa Pajonal.

Patrimonio amenazado

El Ministerio Público sostiene que el funcionario conocía las afectaciones desde 2024 y que, pese a existir medidas expresas para proteger la zona, las intervenciones continuaron hasta comprometer 641 552,7 metros cuadrados, equivalentes a más de 64 hectáreas.

El requerimiento fue formulado por el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca y presentado ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca. La medida busca apartar preventivamente a Isla Cuadrado de sus funciones durante un año, nueve meses y 23 días, mientras continúa la investigación preparatoria por el presunto delito de omisión de deberes de funcionarios públicos, vinculado a la protección del patrimonio arqueológico.

Uno de los elementos centrales de la tesis fiscal es que el investigado habría tenido conocimiento directo de lo que ocurría en Pampa Pajonal. El 23 de septiembre de 2024, el propio Isla Cuadrado emitió el Informe de Inspección N.° 001-2024-DDC ICA-JIC/MC, tras una inspección realizada días antes. Allí dejó constancia de ocupaciones con fines de asentamiento, instalación de cercos y plantaciones, apertura de caminos, traslado de material, perforación de pozos y otras intervenciones que podían alterar geoglifos y el entorno paisajístico.

A raíz de estos antecedentes, el 18 de noviembre de 2024 se emitió la Resolución Directoral N.° 000191-2024-DGPA-VMPCIC/MC, que estableció la protección provisional del Paisaje Arqueológico Pampa Pajonal. Entre las medidas contempladas figuraban la paralización de las afectaciones, señalización del área y retiro de estructuras temporales, maquinaria, herramientas y otros elementos, quedando la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica encargada de adoptar las acciones correspondientes.

Sin embargo, una constatación policial realizada el 14 de diciembre de 2024 encontró que las intervenciones persistían. Según el requerimiento fiscal, en la zona fueron observadas áreas agrícolas, plantaciones, construcciones precarias, muros de concreto, delimitaciones y letreros que señalaban propiedades privadas, entre ellos uno correspondiente al denominado “Fundo El Rey”. Para la Fiscalía, estos hallazgos evidenciarían que las medidas de protección dispuestas no consiguieron detener las ocupaciones.

El caso llegó formalmente al Ministerio Público el 20 de diciembre de 2024, cuando Rolando Richard Navarrete Rojas y Juan Agapo Alcázar Aguilar interpusieron una denuncia penal contra Isla Cuadrado y otros funcionarios del sector Cultura. Posteriormente, la denuncia fue ampliada y se reportaron nuevas ocupaciones en la denominada Parcela 4, incluyendo plantaciones y actividades agrícolas; entre los hechos denunciados se mencionó incluso el uso del terreno para colocar productos agrícolas como páprika sobre esta zona protegida.

La situación volvió a ser constatada durante una inspección efectuada el 4 de agosto de 2025, con presencia del Ministerio Público, personal policial, representantes de Cultura y denunciantes. El documento describe excavaciones, cercos, construcciones, huellas de maquinaria y áreas agrícolas, además de referencias a predios como “Fundo La Lupita” y “Fundo El Rey”. También se consignaron intervenciones vinculadas a terceros, entre ellos la Asociación de Molineros de Nasca y una concesión minera, aspectos que forman parte de las diligencias fiscales y cuya responsabilidad deberá determinarse durante la investigación.

La magnitud de la afectación quedó plasmada posteriormente en el Informe Técnico N.° 003-2025-MATG, del 1 de septiembre de 2025. Según el documento citado por la Fiscalía, se determinaron afectaciones sobre una superficie total de 641 552,7 metros cuadrados, además de una trocha de 3 827 metros de longitud. Las remociones se habrían superpuesto a geoglifos lineales prehispánicos y alcanzado también el Qhapaq Ñan Nasca-Tambo Viejo, incrementando la gravedad patrimonial del caso.

La tesis del Ministerio Público apunta directamente a la actuación del funcionario. La Fiscalía sostiene que Isla Cuadrado, por su condición de responsable del sistema de gestión patrimonial de Nasca y Palpa, tenía obligaciones concretas de protección y que su actuación se habría limitado principalmente a documentar las afectaciones sin desplegar acciones suficientes para frenarlas. El requerimiento señala que no se habrían ejecutado eficazmente medidas como notificaciones, paralización, retiro de estructuras y coordinación del auxilio policial, pese a que la ocupación continuaba.

La Fiscalía también sustenta la suspensión en un posible riesgo de obstaculización de la investigación, al considerar que el cargo que todavía ejerce Isla Cuadrado le permite acceder a información técnica, informes y expedientes administrativos relacionados con los hechos, además de mantener una relación funcional con servidores que podrían declarar como testigos. El Poder Judicial deberá decidir si corresponde apartarlo durante un año, nueve meses y 23 días; mientras tanto, la imputación continúa siendo materia de investigación.

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