Oliva invoca que se ponga en funcionamiento las cámaras
Oliva invoca que se ponga en funcionamiento las cámaras

La División Policial de Chincha hoy convertida en Comisaría Sectorial se encuentra desde agosto del 2016 sin poder usar las cámaras de video vigilancia que fueron entregadas en el 2014 por el Gobierno Regional de Ica. 

El congresista Alberto Oliva Corrales realizó una inspección a la central de monitoreo, la cual esta inoperativa debido a que ninguna institución asume los costos para operar este sistema creado para reducir la delincuencia en Chincha Alta y Pueblo Nuevo.

“Es lamentable que por falta de recursos se deje a la ciudad sin estas herramientas para la seguridad ciudadana. La región cuenta con el presupuesto para que las cámaras vuelvan a operar. Pero una vez más estamos frente a una situación de desinterés, que esperamos no se prolongue más y antes de que termine el año se pueda contar con las 30 cámaras que están instaladas en puntos críticos que fueron establecidos por la policía”, precisó Oliva Corrales.

El legislador invocó al gobernador de Ica, Fernando Cillóniz y al ministro del Interior, Mauro Medina, que se asocien para dar solución a esta problemática. “Los gobernantes tienen que pensar en el bien común de la población. No es posible que las cámaras estén apagadas y que ninguna autoridad diga algo para solucionar este problema. La región tiene su presidente de seguridad ciudadana, también Chincha, no hay que quedarse con los brazos cruzados”, exhortó.

De otro lado, Alberto Oliva indicó que está solicitando una reunión con el presidente de la Junta de Fiscales de Ica a fin que se conozca cuáles son los criterios que han tomado los fiscales para dar libertad a personas que fueron atrapadas cometiendo actos delictivos. 

Como es el caso reiterado en la sede Chincha, la cual dispuso en la víspera que los integrantes de la banda “Los marcas de Chincha” sean liberados a pesar detener armas de fuego, municiones y droga incautada.

El congresista dijo que se necesita el trabajo articulado entre la policía y el Ministerio Público para que se pueda sancionar a los infractores. “La policía se encarga de detener a estos malhechores, a estos delincuentes y sin embargo la fiscalía los libera. Es necesario saber si los fiscales están actuando de acuerdo a ley y si hay irregularidad en su procedimiento, la Oficina de Control Interno de la Fiscalía tendrá que responder sobre el actuar de estos fiscales”, finalizó.

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