Un nuevo episodio sacude el escenario político de la provincia de Pisco luego de que un informe de la Contraloría General de la República haya puesto bajo observación la actuación del actual alcalde distrital de San Andrés, Joel André de la Cruz Canelo, quien, pese a encontrarse al frente de la municipalidad, participa en el proceso electoral como candidato a primer regidor del distrito de San Andrés por Renovación Popular. El caso ha generado atención debido a que se trata de una autoridad en ejercicio que busca continuar en la actividad política desde otro cargo.

“Reelección encubierta”

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 014-2026-OCI/0409-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI), se habrían identificado evidencias de la participación de De la Cruz Canelo en actividades que podrían constituir proselitismo político durante el periodo electoral 2026

Entre los hechos observados figuran su participación en la inauguración de un local, una marcha electoral y actividades vinculadas con la presentación de candidatos, situaciones que fueron difundidas mediante redes sociales y medios de comunicación locales.

La Contraloría señala que estos hechos podrían contravenir las normas que regulan la conducta de los funcionarios públicos durante los procesos electorales, particularmente el Código de Ética de la Función Pública, Ley N.° 27815, y la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859, que establecen el deber de neutralidad y restricciones respecto de la participación de autoridades públicas en actos de propaganda o campaña política. La situación adquiere especial relevancia porque De la Cruz continúa ejerciendo el cargo de alcalde mientras figura como candidato a primer regidor.

El informe también advierte que la documentación y las evidencias recopiladas podrían ser puestas en conocimiento de las autoridades electorales competentes para que determinen, dentro de sus atribuciones, si corresponde iniciar algún procedimiento. Serían el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) los encargados de evaluar los hechos y establecer, de corresponder, las consecuencias administrativas o electorales.

El caso coloca nuevamente en el centro del debate la participación de autoridades en ejercicio dentro de procesos electorales y plantea interrogantes sobre los límites entre la función pública y la actividad política.

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