Procuraduría embarga bien para ejecutar reparación civil

Con la resolución N° 40, emitida el 7 de julio del 2016, el juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ica, Darcy Vivanco Ballón, sentenció a Ysmael Enrique Alburquerque Yovaniny, Hernán Javier Felipa Rejas, Juan Alejandro Luyo Sánchez, Alcides Lorenzo Guerra Morote y Luis Enrique Ágreda Gallarday a cuatro años de prisión suspendida por el delito de colusión por irregularidades en la obra de adjudicación directa pública de la obra “Puesta en Valor de la Plaza de Armas de lca”.

El fallo fue apelado por los investigados y la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia, a través de la resolución N° 54 emitida del 18 de setiembre del año pasado, confirmó la primera sentencia N° 40 y ratificó la reparación civil por 389 mil 680 soles que en forma solidaria debería ser cancelada por los investigados y estos no cumplieron.

La Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de Ica inició con las indagaciones para ejecutar embargos a la propiedad de los sentenciados y que se cumpla con el pago de la reparación civil.

EMBARGO. En marzo de este año, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Ica, Héctor Benedicto Añanca Rojas, declaró procedente la solicitud de medida cautelar formulada por la procuraduría pública anticorrupción y logró “trabar embargo en forma de inscripción hasta por 200 mil soles” sobre los derechos y acciones del sentenciado Ágreda Gallarday.

Este último dispone de una propiedad inmueble en la Cooperativa de los trabajadores del sector agrario en el distrito limeño de La Molina y cuenta con inscripción en la Zona Registral N° IX, en Lima.

El 19 de marzo último, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Ica remitió el oficio N° 082-2018 al jefe de la Oficina Registral de la Zona Registral N° IX Lima para ordenar la medida cautelar de embargo en forma de inscripción hasta por 200 mil soles.

CASACIÓN. Al cierre de esta edición se conoció que los sentenciados interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo tanto, el embargo de la propiedad es provisional a la espera del fallo final.

La Contraloría General de la República señaló que la obra de la plaza de Armas generó un perjuicio económico de 72 mil 208 soles a la Municipalidad Provincial de Ica