Momentos de tensión se vivieron la tarde del 21 de abril en el sector Acomayo, en el distrito de Parcona (Ica), luego de un intento de desalojo que finalmente fue suspendido en un predio ubicado en la avenida Los Florales.

Viven en la incertidumbre

La medida judicial estaba programada para las 3:00 p. m. e incluía una orden de descerraje de ser necesario. Sin embargo, ante la ausencia del representante del Poder Judicial, el procedimiento no pudo concretarse y el contingente policial se retiró del lugar.

El inmueble en disputa cuenta con un área de 45.40 metros cuadrados, ubicado en el pueblo joven Acomayo, manzana F1, lote 18. El caso es dirigido por el juez Jorge Luis Lévano Hernández, siendo la demandante Nicasia Fuentes Gonzales y los demandados Jorge Luis Cabrera Mayo y Marleny Flor Gonzales Enciso.

Según los afectados, habitan el inmueble desde hace más de 40 años y aseguran contar con título de propiedad, constancia de posesión y copia literal que respaldarían legalmente su permanencia. La familia afirma que la vivienda cuenta con documentación desde el 7 de enero de 1999 y que han construido el hogar con esfuerzo durante décadas.

Durante la intervención, se registraron momentos de alta tensión. Los ocupantes adoptaron medidas radicales como la quema de llantas, colocaron cadenas en la puerta principal y se atrincheraron dentro del inmueble. A la zona llegó un contingente de la Policía Nacional del Perú, encabezado por el comisario de Parcona, comandante PNP. Jesús Alfredo Díaz Pérez.

Decenas de vecinos se congregaron en el lugar para respaldar a la familia, manifestando su apoyo con arengas y señalando que son testigos de la permanencia de los ocupantes por varias décadas en la zona.

Familiares de los demandados cuestionaron el proceso y pidieron una nueva evaluación técnica. “Le quieren quitar la casa a mis padres, pedimos un nuevo peritaje de campo para que se vea la realidad”, señaló una de las hijas. Asimismo, indicó que existe una audiencia programada para junio relacionada con el caso.

Cabe señalar que, en enero del 2026 también intentaron ser desalojados. Según los afectados, habitan el inmueble desde hace más de 40 años y cuentan con toda la documentación que respaldan legalmente su permanencia en el predio.

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