Jean Paul Silva León, abogado del suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue excluido del caso de difamación que sigue su patrocinado por la querella que le interpuso el arqueólogo y exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra. La medida fue dictada por la magistrada Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien interpretó que se pretendía dilatar más el proceso.
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Antecedente
Y es que ya han pasado once meses desde que Fernández y Morales comparecieron ante el Poder Judicial por primera vez, pero hasta el momento no hay ningún desenlace. En ese sentido, la magistrada marcó un nuevo antecedente en esta disputa legal. Asimismo, cumplió con lo dispuesto en la resolución N°49 de este juzgado.
“Continúese con el trámite del proceso, debiendo fijarse fecha para el inicio de la audiencia en la brevedad posible, en tanto la misma ha sido
materia de constantes reprogramaciones y dilaciones indebidas que se han ido dando de manera reiterativa, a fin de cautelar no solo los derechos del querellado sino también de la parte querellante”, se precisa en el documento judicial.
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Motivos
En ese contexto, ayer a las 3 de la tarde, los dos protagonistas y sus abogados participaron de la audiencia que se realizó de manera virtual. Cuando todos esperaban que por fin se desarrolle el juicio, hubo una nueva interrupción que, según lo entendido por la jueza Pajares, pretendió dilatar la causa.
De acuerdo con la información a la que Diario Correo accedió, para la defensa legal de Fernández es clave que esta querella no se resuelva en Trujillo, sino en la Corte Superior de Lima, que, según el acusado, “sí garantizaría imparcialidad”.
En respuesta, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad consideró que el pedido tendría que ser elevado a la Corte Suprema; sin embargo, la audiencia en Trujillo tendría que seguir su curso.
Esta decisión no dejó tranquilos ni a Fernández ni a su abogado, por lo que plantearon una apelación. No obstante, les explicaron que el proceso debía continuar, lo que habría originado la objeción de Jean Paul Silva León. Ante esto, la jueza dispuso que el letrado sea excluido.
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Lo que viene
Bajo este nuevo escenario, Fernández, quien ya tiene una sentencia en su contra por el mismo delito, tendrá 48 horas para acreditar a su nuevo abogado. Si no lo hace, el Poder Judicial comunicará al Ministerio Público para que nombre a un defensor de oficio.
De esta manera, la disputa legal volvió a ser reprogramada por décima vez.
La magistrada Ingrid Pajares Acosta resolvió que la próxima audiencia se realizará el 4 de julio a las 3 de la tarde. Esa sería la fecha definitiva y se podría conocer por fin el desenlace de la querella interpuesta por Ricardo Morales Gamarra.
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