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A pesar de que las leyes son drásticas y castigan hasta con la privación de la libertad a quienes no cumplan con la manutención (alimento, vivienda y educación) de sus menores hijos, las demandas por alimentos siguen representando la mayor carga procesal en los juzgados de la zona norte del país.
En el último mensaje a la nación, por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra se refirió a esta situación y dejó en claro que no permitirán que exista trabajadores en el Estado que mantengan deudas por pensión alimentaria, pues de ser el caso los retirarán.
LA LIBERTAD
La problemática por la desatención de los padres de familia a su menores hijos va en aumento y así lo reflejan el alto índice de denuncias registradas.Por ejemplo, en el año 2018 se reportaron un total de 4,730 demandas en los juzgados de paz de la región, 3,173 de ellos son demandas por alimentos.
Mientras que en lo que va de este año, los juzgados liberteños han recepcionado 2,900 demandas, de las cuales, 1,486 se formalizaron contra padres que no cumplen con su obligación.
Luego de seguir con los trámites de ley, los juzgados ordenaron la captura y prisión de los deudores, por incurrir en el delito de omisión a la asistencia familiar (OAF).
En su última visita a Trujillo, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, César Cárdenas, indicó que en el último consejo nacional de política criminal han analizado algunas iniciativas para frenar el hacinamiento, que a la fecha es de más del 140% en los 96 establecimientos penales del país.
La congestión de presos no permite la resocialización, motivo por el cual trataron la problemática de los internos por el delito de omisión a la asistencia familiar.
“Tenemos un número bastante alto (por el delito de OAF) dentro de las cárceles. Si una persona con omisión a la asistencia familiar paga el total de la obligación alimentaria igual se queda preso; entonces ahí tenemos que mirar otras fórmulas normativas que permitan egresar cuando haya esa circunstancia”, dijo Cárdenas.
Según la Policía, el primer día de este mes se capturó a cuatro hombres que registran orden de captura por el incumplimiento de pensión alimentaria.
Los requisitoriados son los solicitados por los juzgados de Otuzco, Chepén y Ascope.
TUMBES
En la región Tumbes hay cientos de procesos por omisión a la asistencia familiar, pero de ellos a la fecha, solo 72 personas purgan condena en el centro penitenciario de Puerto Pizarro, entre ellos una mujer. Así lo dio a conocer Christian Hernández, subdirector del establecimiento.Según precisa, en su mayoría las condenas oscilan entre uno a tres años, de los cuales al cumplir el tercio de su pena son liberados, previo a ello deben cumplir con el pago de la caución y la deuda en curso.
Por otro lado, a través del portal del Registro de Deudores Alimentarios (Redam), solo figuran dos tumbesinos en la lista que se incluyó en el 2019, ambos por orden del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes.
Por otro lado, se conoce que dichos procesos en manos del Poder Judicial han creado también una vasta carga procesal en los juzgados mixtos, situación que se repite año tras años.
En cuanto a funcionarios o trabajadores de diversas entidades públicas, aún no se conoce si han sido sometidos a procesos por estos delitos.
Vale precisar que semanalmente, la Policía da a conocer los operativos realizados, con la captura a ciudadanos que son solicitados por omisión a la asistencia familiar, pero no solo de Tumbes, sino también de otras regiones.
PIURA
En Piura, solo en el emblemático colegio Fátima, unas 300 niñas que estudian allí sufren las consecuencias del abandono de sus padres, los cuales se han desentendido de su responsabilidad y no cumplen con proporcionarles lo que por derecho les corresponde para poder alimentarse y educarse.Según contó el director Luis Torres, la mayorìa de estas niñas y adolescentes refleja ese problema, algunas con actitudes agresivas hacia sus compañeras, y otras bajando su aprovechamiento o nivel académico.
La omisión a la asistencia familiar o negativa de los progenitores a cubrir el costo de la alimentación y educación de sus hijos es uno de los delitos más recurrentes que tienen a cargo los operadores de justicia.
Según las cifras proporcionadas por el Poder Judicial, son unos 2,900 los padres que vienen siendo procesados por los tres juzgados que ven este tipo de casos en el distrito judicial de Piura.
En trámite hay 1,777 casos y, en calificación, 407. De los resueltos con sentencia hasta la fecha, en lo que va del año, hay 49 y, en ejecución, 203, entre otros.
El año pasado, cerca de 6,200 padres fueron procesados por no pagar alimentos. Es decir, la incidencia se mantiene.
En los distritos fiscales, la situación no es diferente a la del Poder Judicial. Según las estadísticas, los distritos fiscales de Piura y Sullana tienen a cargo más de 2,200 denuncias de este tipo.
El distrito Judicial de Piura es el que marcha adelante con cerca de 1700 casos.
LAMBAYEQUE
En el establecimiento penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, existen 166 internos que purgan condena por el delito de omisión a la asistencia familiar (OAF). De ellos, 97 ya están con sentencia efectiva, mientras que otros 69 aún están siendo procesados.Según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), dentro de esa cifra el 3 por ciento pertenece a trabajadores del Estado, pues se desempeñan como empleados de hospitales, municipalidades u otros.
Mientras tanto, en el sistema de la Policía Judicial indicaron que casi el 40% de personas requisitoriadas es por el delito de omisión a la asistencia familiar de toda la región, esto debido a que adeudan fuertes sumas de dinero a las madres de sus hijos.
En muchos casos no han cumplido con la alimentación en la gran mayoría, desde hace 10 años.
Los agentes del orden señalaron que a diario capturan entre 3 a 5 personas diarias, entre hombres y mujeres, solicitados por OAF.
Cabe indicar que el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en su mensaje a la Nación dejó en claro que desde ese día los padres de familia que son trabajadores públicos y que no cumplan con la pensión alimentaria con sus vástagos serán separados del Estado.
