La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad demandó una intervención prioritaria a las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Instancia de Conflictos Sociales del Gobierno Regional frente a nuevos conflictos registrados en las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, los mismos que han sido considerados en alerta temprana y cuyo conocimiento anticipado puede permitir su manejo pacífico, evitando hechos de violencia y vulneración de derechos.
El primer conflicto se ha detectado en el caserío Shiracmaca, en el distrito de Huamachuco (provincia de Sánchez Carrión), en la que los miembros de la JASS Shiracmaca se enfrentan con la empresa minera Summa Gold Corporation SAC, por las fisuras que ha sufrido el reservorio de agua potable debido a las explosiones que realiza dicha minera en el lugar. De igual manera, los pobladores refieren que la minera ha cambiado el tendido de la red matriz de agua y obstruido el camino de vigilancia de la red con montículos de relave.
El segundo se registra el caserío de Coigobamba, en el distrito de Huamachuco, donde los pobladores se oponen al acuerdo suscrito entre la Gerencia Regional de Agricultura y la empresa minera Summa Gold Corporation SAC, para que esta se haga cargo del vivero forestal. Los moradores consideran que la empresa intenta expandir sus actividades mineras y contaminar el vivero y otras tierras aledañas.
Un tercero se registra en la provincia de Pataz por un problema entre la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz (AMA Pataz) con la Compañía Minera Poderosa S.A., debido a la revocatoria de 46 inscripciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en el distrito de Pataz, que lo dejan fuera del proceso de formalización minera.
OTROS CONFLICTOS
Además, hay que precisar que desde el año pasado se tienen registrados otros conflictos sociales considerados activos. Uno de ellos en la provincia de Otuzco, donde el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del Cerro Urpillao, demanda el retiro del proyecto minero Eposuyay por el impacto que generaría en la cabecera de la cuenca del cerro Urpillao y la afectación del agua que consume la población de Otuzco.
El otro, involucra a las juntas vecinales del distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco. En el lugar los pobladores advierten que no permitirán que la minera Barrick Misquichilca S.A. realice actividades de exploración en su jurisdicción, pues estos últimos incumplieron los acuerdos asumidos en una mesa de diálogo realizada en marzo del presente año. Entre esos acuerdos, reclaman que no se está cumpliendo con dar trabajo a empresas locales, prefiriendo a empresas foráneas.
Así también permanece como activo, el conflicto que tienen los pobladores del caserío La Ramada, provincia de Sánchez Carrión, con la Compañía Minera Tahoe Perú, a quienes exigen el pago de una indemnización por las vibraciones y el polvo generados con las voladuras que se realizan en la unidad minera La Arena.
La Defensoría del Pueblo advierte que, si bien los dos nuevos casos se encuentran en observación, pueden devenir en un nuevo conflicto social, por lo que las autoridades deben actuar en el marco de sus competencias y responsabilidades.