Denuncia penal contra G y M pone más dudas sobre recaudo electrónico

La Procuraduría Ad Hoc del caso Odebrecht interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público a tres constructoras y sus principales representantes, implicadas en el presunto delito de colusión en agravio del Estado. La principal de estas es Graña y Montero, la misma con la que la Municipalidad Provincial de Trujillo ha firmado un contrato con la intención de concesionarle el servicio del recaudo electrónico para el transporte público.

Justamente, el pasado lunes 8 de mayo el Concejo Provincial de Trujillo aprobó por unanimidad la creación de una comisión revisora del proyecto propuesto por Graña y Montero, como iniciativa prtivada, para la renovación del transporte. La comisión la preside el regidor Edward Berrocal, y la integran sus colegas Luis Sánchez Arteaga y Hernán Aquino. Este grupo de trabajo tiene 45 días para pronunciarse.

Pero ahora, ante esta denuncia penal, la situación echa más dudas sobre la continuidad del proyecto.

LA HISTORIA. El documento de denuncia contra Graña y Montero fue comunicado vía Twitter el lunes por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Según dicta el documento, se dio la demanda por el presunto delito de colusión en agravio del estado. Esto, luego de ser vinculado por el cobro de coimas entregadas por la empresa brasileña Odebrecht a favor de funcionarios por la Concesionaria Interoceánica Sur- Tramo 2 S.A. y tramo 3 S.A., el cual estuvo conformado por las empresas denunciadas.

Cabe precisar que ya antes, cuando empezaron los primeros cuestionamientos a la compañía peruana, hubo críticas al proyecto acogido por la gestión municipal de Elidio Espinoza. Una facción de transportistas, encabezada por Orlando Villanueva, fue la que criticó esta pretendida concesión.

Como se recuerda, una de las condiciones para que se le otorgue la concesión a Recaudos Trujillo SAC (que pertenece a Graña y Montero), es que la concesionaria suscriba un contrato de adhesión al sistema de recaudo electrónico al menos a 1,379 transportistas, que es el 50% de los hombres del volante que trabajan en Trujillo. Sin embargo, al 14 de abril solo se logró adherir a 800, por lo que las empresas transportistas, el alcalde Elidio Espinoza y sus funcionarios decidieron prorrogar el plazo por seis meses más.

REGIDORAS. Consultada por Correo, la regidora Cecilia Vilca dijo que el proceso “no ha sido nada claro”, por lo que ha pedido información para revisar cada punto.

Asimismo, indicó que esperará el pronunciamiento de la comisión revisora para tener una visión más clara de lo que significa esta concesión para el recaudo electrónico en el sector Transporte.

La también concejal oficialista, Liseth Ruiz, se mostró cautelosa, aunque admitió que han “quedado estupefactos ante el nivel de corrupción revelado” en torno al caso Odebrecht, que involocra a la empresa peruana que firmó contrato con la municipalidad.

“En principio, por seguridad jurídica debemos respetar los acuerdos ya adoptados, pero en caso se demuestren irregularidades deberán denunciarse”, dijo.