La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “Recuperación de trocha carrozable en el distrito de Uchumarca de la provincia de Bolívar”, las cuales ocasionaron un perjuicio económico superior a los S/ 891 mil en contra de la Municipalidad Distrital de Uchumarca. En este caso, se identificaron presuntas responsabilidades penales y/o administrativas en nueve ex funcionarios y/o servidores públicos de dicha comuna.

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El Informe de Control Específico N° 009-2023-2-418-SCE, que evaluó el periodo del 23 de julio de 2018 al 16 de julio de 2021, detalla que la obra se ejecutó con un presupuesto superior a los S/ 3 millones, con un plazo inicial de ejecución de 120 días calendario desde el 29 de octubre de 2018, y que a pesar de estar recibida y pagada aún no está liquidada porque el contratista no levantó las observaciones de la comuna distrital.

La comisión de control evidenció que el perfil y expediente técnico de la obra fueron aprobados con metrados inexistentes; que el Comité de Selección admitió, evaluó y otorgó la buena pro a un consorcio integrado por una empresa impedida de contratar con el Estado (desde el 01 de setiembre de 2017 hasta el 01 de diciembre de 2020), y que, además, no presentó la carta de línea de crédito exigida en las bases del procedimiento de selección.

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Asimismo, el contrato entre el municipio distrital y el contratista fue suscrito a pesar que éste último incumplió los plazos establecidos para la presentación de documentos, no presentó la totalidad de los requisitos establecidos y acreditó con documentación presuntamente falsa a dos profesionales (asistente de residente y especialista en capacitación), que aseguran no haber participado en la ejecución de la obra.

A la vez, la comuna distrital pagó por trabajos no ejecutados (metrados inexistentes) que ocasionaron un perjuicio económico parcial de S/ 625 499 y omitió el cobro de penalidades por retraso injustificado en el cumplimiento de obligaciones del contratista causando otro perjuicio económico por S/ 265 779. Sumado a ello, al no mantener vigente la carta fianza, no se contó con el respaldo económico ante el incumplimiento contractual.

El informe de control fue comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones legales penales contra los ex funcionarios y/o servidores públicos comprendidos en los hechos; y al alcalde distrital para que realice las acciones orientadas al deslinde de las responsabilidades que correspondan.

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