Exgerentes de Educación operaban en red criminal (VIDEO)

Escrito por Johnny Aurazo

Cuando Rafael Moya llegó enmarrocado a la sede policial de San Andrés, en Trujillo, dijo a la prensa que su detención era “un abuso”. Los agentes lo intervinieron a las 4 a.m., en su casa, ubicada en la intersección de las calles San Pablo y Martínez de Compagñón, a solo cinco cuadras de dicha delegación.

CABEZAS

Pero Rafael Moya no cayó solo. Otro miembro clave de esta presunta organización delictiva era, de acuerdo con las investigaciones, Willard Loyola Quiroz, curiosamente antecesor de Moya Rondo en la Gerencia Regional de Educación (Grell) y actual subgerente regional en la misma entidad estatal. Cuando Loyola llegó enmarrocado a la sede policial lo hizo en silencio, cabizbajo.

RED

Según fuentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), se intervinieron a funcionarios, exfuncionarios, directores y profesores, todos implicados en los delitos contra la fe pública –falsificación de documentos– y contra la administración pública –cohecho pasivo en agravio del Estado–.

La organización criminal habría estado operando desde el 2014, pero las investigaciones en su contra se iniciaron en febrero del 2019.

Además, habría estado conformada por cuatro redes delictivas: “Grell”, “Alexander Fleming”, “Louis Pasteur” y “San Martín”.

Mientras la primera estaba integrada por Rafael Moya, Willard Loyola y otras tres personas, la segunda estaba dirigida por el director del Instituto Superior Pedagógico Privado Alexander Fleming, Alipio Haro Lara.

En el caso de la tercera red, estaba conducida por el director del Instituto Superior Pedagógico Luis Pasteur, Luzgardo Cortez de la Cruz.

La cuarta red, según la Policía, estaba integrada por Marcial Vega Anhuamán, exresponsable del área de Actas y Certificados de la Grell y actual trabajador en la oficina de personal de la gerencia.

“Los institutos pedagógicos Alexander Fleming y Louis Pasteur negociaban la expedición de títulos (constancias de egresados, capacitaciones y diplomas) para docentes y auxiliares de nivel inicial, primaria y secundaria, para personas que no estudiaron en dichos lugares, otros que no estudiaron e incluso fallecidos”, añadieron las mismas fuentes.

Explicaron también que para lograr su cometido, “falsificaban documentos y los ingresaban a la Grell, donde los funcionarios integrantes de la organización delictiva reemplazaban” los mismos.

Además, en el 2017 el grupo delictivo extendió sus tentáculos a las regiones San Martín, Cajamarca y otras ciudades aún en investigación.

INTERVENCIÓN

“El sistema educativo es la base contra la corrupción [...] y vemos, hoy por hoy, personas que están contratadas o nombradas cuando realmente no han estudiado”, añadió.

Según la magistrada, “hay personas que han conseguido el título de manera fraudulenta, cuando hay personas que sí estudian, se presentan a los concursos y nunca tienen la oportunidad de cubrir una plaza. Entonces, esa es la lucha que ahora estamos haciendo”.

Ludeña afirmó también que “estas personas beneficiadas están identificadas y otras por identificar”. “Ese grupo de personas, que son más de 600, van a tener que ser investigadas a través de las fiscalías penales porque no son parte de la organización criminal, que es lo que nos corresponde investigar a nosotros como Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Fecor)”.

Sobre los presuntos integrantes de “La mafia de los titulos”, dijo que “son parte de toda una organización criminal bajo una modalidad de redes”. “Han incurrido en el delito de organización criminal y dentro de ello ha habido corrupción de funcionarios y falsificación de documentos”, agregó.

La fiscal aseguró además que los “beneficiados” se encuentran laborando “en diferentes instituciones educativas, muchos de ellos incluso en la selva”.

Ludeña Meléndez no descartó, asimismo, que no haya otros institutos involucrados en esta red criminal. “Vamos a seguir investigando, pero era urgente intervenir ya”.

La Fecor llegó a la sede de la Grell para incautar documentos como “consolidados de notas y nóminas de matrículas”.

CLAVE

Uno de ellos es Alipio Haro Lara (46), propietario y director de Montessori Institute, antes Alexander Fleming. “Cumple la función de falsificador y comercializador de documentos falsos en complicidad con su esposa, María López, y sus hijos Fanny (27) y David (23)”, se indica.

Otro elemento clave es Pedro Haro, hermano de Alipio y propietario del instituto Louis Pasteur. Cumplía las mismas funciones que su hermano, pero “en complicidad con sus trabajadores Luzgardo Cortez de la Cruz (director) y Elvira Contreras Mendoza (secretaria académica).

Entre los “elementos de convicción” que ha recogido la Fiscalía para pedir la detención de los procesados se encuentran declaraciones de testigos con identidad reservada y de colaboradores eficaces, documentación incriminatoria e informes periciales de grafotecnia de documentos falsificados.