Funcionarias de Elidio en medio de serias denuncias

En los últimos días cuatro de las funcionarias del alcalde Elidio Espinoza Quispe estuvieron, y están, en el ojo crítico de la oposición municipal por cuestionamientos a su labor que, por cierto, han sido debidamente sustentado con documentos.

Dos de las cuatro mujeres de confianza de la autoridad edil tendrán que vérselas con la justicia, mientras que las otras dos bien podrían dejar de ostentar dichos cargos que hoy ocupan.

CASO 1. Cecilia Vásquez Mondragón, la gerente de Desarrollo Social, fue denunciada por cobrar dos sueldos del Estado, uno como funcionaria en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y la otra como docente en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

En un primer momento ella aseguró que no había recibido tales remuneraciones, pese a que las evidencias decían lo contrario.

“Todo está en su regla, por favor. En su debido momento yo saldré a hablar ante la prensa sobre el particular”, dijo el último 16 de mayo.

Líneas después, aseguró que no laboraba en la UNT y que tiene los documentos que prueban su veracidad. Además, manifestó que “pueden haber boletas de pago” pero que eso “no siginifica que la haya cobrado”, no obstante, cayó en contradicciones.

“Yo he devuelto el dinero ya... Incluso antes de que la regidora Taboada denuncie. En su momento vamos a conversar personalmente”, sentenció.

LAS PRUEBAS. Sin embargo, al conocido pedido que hizo a la UNT -que fue denegado- para que le rebajen de 40 a 10 las horas lectivas para desempeñarse como profesora, requerimiento que hizo porque iba a laborar como gerente en la MPT; ahora también sale a la luz el parte diario de control de asistencias del personal docente de la UNT.

Tal es así que desde el 3 hasta el 31 de marzo, Cecilia Vásquez puso su rúbrica en dicha planilla de registro.

Además, desde el primero hasta el 24 de abril, la controvertidad funcionaria de Elidio Espinoza también firma su asistencia a la citada casa superior de estudios.

De este modo, se entiende la razón por la cual depositaron en su cuenta bancaria los honorarios por realizar sus labores académicas, hecho que insistió en negar Vásquez Mondragón.

CASO 2. Julissa Cortez Becerra es la gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) y una de las más cercanas del entorno político de la autoridad edil.

Sobre ella pesa una investigación fiscal por el presunto delito de abuso de autoridad contra una trabajadora, por lo que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo abrió las pesquisas de manera preliminar.

LA ACUSACIÓN. La trabajadora municipal Susana Quiróz Rázuri denunció que en febrero Cortez Becerra ordenó el desplazamiento de ella desde la oficina del Centro Acuático de Trujillo (lugar donde laboraba) hasta las instalaciones del Jardín Botánico.

Pero el detalle es que -según indicó- en dicha zona no hay oficinas ni tampoco el equipo logístico para realizar su trabajo, argumentando que era una “represalia” por un reclamo que efectuó cuando intentaron quitarle su computadora y escritorio.

Además, la trabajadora acusó que recibía agresiones verbales de parte de la titular del Segat, hecho que fue denunciado ante la comisaría PNP El Milagro.

DECISIÓN FISCAL. Por todos estos considerandos, la fiscal Sara García Arrascue dispuso promover investigación preliminar contra Julissa Cortez por la presunta comisión del delito mencionado líneas arriba.

CASO 3. Otra denunciada fue la asesora legal de la Gerencia de Desarrollo Social, Flor Ruiz Zavaleta, por quien la Procuraduría Pública de la MPT interpuso denuncia penal.

Con firma del procurador Jorge Seminario Mauricio, la acusación contra la citada funcionaria es por el presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión, y otros cuatro delitos más.

“Interpongo denuncia penal contra (...) por haber incurrido en los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, ejercicio ilegal de la profesión, fraude procesal, falsificación de documentos en la modalidad de uso de documentos falsos y falsedad genérica”, se argumenta en la misiva.

DESCARGO. En su defensa, Flor Ruiz presentó un documento el 19 de este mes en el que dice: “Sí me encuentro inscrita en el Colegio de Abogados de Lima Norte y que el día 21 (de mayo) del presente a primera hora estaré presentando a la institución el documento original que acredita tal situación con mis descargos correspondientes”.

CASO 4. El último caso es sobre la gerente de Personal, Rosa Aranda Tuesta, quien fue cuestionada por el sindicalista Fredy Solano Ortiz quien refirió que “por culpa de ella” no se hace un debido control de las personas que ingresan a trabajar.

“La señorita Aranda Tuesta no cumple con el perfil para ocupar ese puesto. Debe ser retirada inmediatamente porque desde esta gerencia no se pone filtros a todo el personal para que se eviten los errores que vemos a la hora de contratar”, espetó el secretario del Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (Semut).