Las autoridades en el Gobierno Central y también en la región La Libertad deben poner atención a las demandas que están haciendo dirigentes y pobladores en la provincia de Pataz, toda vez que en cualquier momento podría estallar una gran convulsión social con saldos lamentables.

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Ocurre que desde que entró en vigencia el Decreto Supremo N° 60-2025 PCM (9 de mayo), para extender por 30 días el estado de emergencia en Pataz por la ola de inseguridad que golpea a la provincia, una preocupación empezó a crecer en la población, ya que la medida de excepción comprende un toque de queda, control militar y suspensión de actividades mineras.

MODIFICAR

Precisamente, la paralización de sus labores es lo que mantiene en una incertidumbre a los miembros de la Asociación de Mineros Artesanales (AMA)- Pataz y a sus respectivas familias, pues consideran que se están vulnerando su derechos al libre tránsito y al trabajo.

Ante este contexto, una comisión de mineros artesanales llegó ayer a Trujillo para participar de una mesa de trabajo con consejeros regionales; el gerente regional de Energía Minas e Hidrocarburos, Beder Martell Espinoza; y el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila Paredes.

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Los mineros pidieron a la presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, que se programe una sesión de consejo en la que se ponga como único punto de agenda aprobar la autorización al gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, para que interponga una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo N° 60-2025.

“El Consejo Regional emitirá un comunicado mediante el cual se expresará el reproche a la manera arbitraria como se ha dado el Decreto Supremo N° 60-2025, pues no se ha tomado en cuenta la realidad que vive Pataz. La medida de paralizar el trabajo no se está aplicando a todos, pues los pequeños [mineros] han parado, pero la compañía Poderosa sigue trabajando. No podemos darle la espalda al pueblo. Vamos a autorizar al gobernador (César Acuña), para que interponga una acción de amparo para derogar o modificar esa norma”, manifestó Lorena Carranza.

Según el asesor legal de AMA-Pataz, Adolfo Valverde Calipuy, no hay sustento técnico para que se haya tomado esa medida extrema. “Es un tema inconstitucional, pues no se ha considerado que hay muchos mineros que tienen la capacidad económica para solventar a sus familias durante el tiempo que no trabajan”, manifestó.

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DESCENTRALIZADA

Los consejeros regionales por Pataz, Luis Rodríguez Ponce y Frank Solórzano Rojas, han pedido que la próxima sesión ordinaria de Consejo se realice en la provincia andina. Ambos dijeron estar en contra de la paralización de labores mineras en Pataz.

“El Ejecutivo será el responsable de lo que pueda pasar en el futuro si no se soluciona este tema de no permitirles trabajar. La convulsión social puede crecer”, advirtió Luis Rodríguez.

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