Investigarán 8 meses a Luis Valdez y César Acuña

Este 21 y 22 de agosto, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, y el actual gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez Farías, tendrán que rendir su declaración indagatoria ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Esto, tras haber sido denunciados por los presuntos delitos de malversación, colusión, usurpación de funciones y falsedad genérica.

Debido a la cantidad de las personas comprendidas en la investigación preliminar, a la existencia de un número importante de testigos y la realización de pericias técnicas, la Fiscalía ha dispuesto declarar el caso complejo y utilizar un plazo de ochos meses, para alcanzar los fines indagatorios.

BAJO LA LUPA. La denuncia fue interpuesta por el procurador Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Jorge Seminario Mauricio, y también alcanza a exfuncionarios de la aludida comuna, tales como Manuel Vera Calmet, Freddy Villalobos Castañeda, Carlos Fernández Fernández, Juliana Lomparte Rosales y Carlos Navarrete Roldán.

La denuncia hecha por la Procuraduría sostiene que durante el periodo 2010-2014, cuando César Acuña era el alcalde de Trujillo y Luis Valdez Farías, gerente general, pusieron a la venta, en la modalidad de subasta pública, 40 inmuebles de propiedad de la comuna trujillana.

No obstante, según lo indica el procurador, el proceso de venta se hizo de una forma acelerada, pues no respetaron los plazos de las diferentes etapas de la subasta.

Hubo evidencias de un supuesto direccionamiento, toda vez que había un solo postor para algunos terrenos y, además de ello, se vendió a un precio menor a lo que se ofertaba en el mercado.

NO RESPETAN ACUERDO. Asimismo, la Fiscalía ha tomado en cuenta el acuerdo de concejo N°106-2011, mediante el cual se dispuso que el monto del dinero recaudado producto de esta subasta (S/2’335,459.80) debía ser transferido a un fondo intangible destinado únicamente a la ejecución de la obra del Terminal Terrestre de Trujillo.

Sin embargo, en enero de 2018, mediante el oficio N°319, la actual subgerente de Tesorería de la MPT, Kori Llaro, informó que los ingresos provenientes de la subasta fueron administrados en las cuentas corrientes de la municipalidad correspondiente al rubro Financiamiento-Recursos Directamente Recaudados.

Esto quiere decir que el dinero se gastó supuestamente en pago de planillas, de servicios públicos, de proveedores de bienes y/o servicios, lo cual, según la Procuraduría, indica el mal uso de los recursos económicos provenientes de la subasta de los inmuebles.

La Fiscalía ha citado al menos 40 testigos, a quienes ya se les ha empezado a tomar sus declaraciones. Entre los más conocidos están Gloria Montenegro Figueroa, actual congresista de la República, quien en ese periodo de ocurrido los hechos en investigación se desempeñaba como regidora. Asimismo, ha sido citado Dante chávez Abanto, actual consejero regional y exconcejal.

HABLA VALDEZ. Luis Valdez, actual gobernador regional que se encuentra en el extranjero, dijo que no le alcanza ninguna responsabilidad en este caso, ya que él se desempeñaba como gerente general y el órgano encargado de vender los bienes inmuebles de la MPT es el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt).

“Los órganos públicos descentralizados no dependían de mi despacho, tenían autonomía y respondían ante el concejo. Será el Ministerio Público el encargado de investigar y determinar si existe o no responsabilidad. Cuando sea citado, haré llegar mi defensa en ese sentido”, señaló.