Su respuesta tardó, pero llegó. A través de una nota de prensa, el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, respondió por su participación como regidor de la Municipalidad Distrital de Huanchaco cuando se aprobó la exoneración para una compra de camionetas y equipos de seguridad ciudadana para los Juegos Bolivarianos.

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“En ese tiempo, la provincia era presa de los crímenes, extorsiones y robos, y Huanchaco no fue la excepción. Y, como era sede de los Juegos Bolivarianos, era necesario garantizar la seguridad de los visitantes. Por eso, junto a otros regidores, votamos a favor de la exoneración de un proceso de selección por causal de situación de emergencia, porque existía dicha declaratoria a nivel provincial y regional”, expresó.

Precisamente, recordó que, en octubre del 2013, se había declarado la emergencia de la seguridad ciudadana de la provincia de Trujillo por el asesinato del Director del Penal El Milagro (mediante Acuerdo de Concejo N° 203-2013-MPT) e, incluso, en abril de ese año el consejo Regional ya había hecho lo propio en toda la Región La Libertad, debido al aumento de los asesinatos por sicariato, extorsiones y asaltos.

“Eso es lo paradójico, porque en la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo alcaldesa Gloria Montenegro, el pleno aprobó por mayoría sus propias adquisiciones por un valor mayor a S/ 3 millones 700 mil. A mí me absolvieron en primera instancia, y ahora quieren condenarme por luchar contra la inseguridad ciudadana. Eso no tiene sustento, pero me allano al proceso para demostrar que no ejercí interés ni direccionamiento para esta compra que era necesaria”, explicó Ruiz Vega.

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Si bien es cierto que, la citada competición deportiva se desarrolló del 15 al 25 de noviembre del 2013, y la buena pro para la adquisición de camionetas, autos, cuatrimotos, motos lineales, uniformes de seguridad y otros bienes relacionados a la seguridad ciudadana (por un valor de S/ 1 millón 215 mil 678) fue otorgada el 23 de diciembre de ese año, dicha necesidad por peligro aún perduraba, por lo que era legal la continuidad del citado proceso.

“No se inventó ningún estado de emergencia”, dijo.

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Asimismo, recordó que, el art. 20° de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente en ese año, expresaba que sí se podía adquirir de manera directa bienes y servicios por causal de situación de emergencia. Por lo que el asunto termina quedando en la esfera administrativa, mas no en el ámbito político de un pleno del concejo.

“La exoneración de sometió a sesión de concejo tras contar con las opiniones o informes favorables de Asesoría Jurídica y de Seguridad Ciudadana; donde se daba cuenta el déficit de vehículos e implementos y la necesidad de adquisiciones. El área encargada de realizarlo fue Logística, pues la función ejecutiva era responsabilidad de la alcaldesa Dilia Mestanza Rengifo y sus funcionarios. Por tanto, los concejales no tenemos responsabilidad de ello”, puntualizó.