A cada paso que ha dado Rafael Moya Rondo al frente de la Gerencia de Educación del Gobierno Regional de La Libertad (Grell), ha tenido que detenerse para afrontar una y otra denuncia por supuestos delitos que ha cometido en el ejercicio de sus funciones.
No han pasado seis meses y este funcionario de confianza del gobernador César Acuña Peralta ya suma tres investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción, una en la Fiscalía Penal y una cuarta en Fiscalía de Prevención del Delito.
Un último caso tiene que ver
con una contratación directa que que hizo la Grell por un monto de S/.279, 853.50 para mejorar las instalaciones del Instituto Superior Indoamérica, ubicado en la avenida América, donde funcionaría el Colegio de Alto Rendimiento (COAR).
LOS HECHOS. De acuerdo a la denuncia realizada por Raimundo Mendoza Valderrama, el gerente de la Grell contrató los servicios de varias empresas de manera directa y supuestamente direccionada, pues no respeto la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Se trata de las empresas: Mantenimiento y Servicios Generales de propiedad de Elvira Rivas Ángulo, a quien se le pagó por los servicios brindado S/. 197, 146.00.
Restaurante “Las Terrazas”, a cuyo dueño se le desembolsó S/. 75, 961.00.
Lavandería Tintorería “El Olivo”, a cuyo propietario se le pagó sumas ascendentes a S/. 2,204.50 y S/. 4,342.00.
De acuerdo a la denuncia, todas estas empresas no psaron por ninguna licitación pública, pese a que contrataron con una entidad del Estado.
Los delitos por los cuales se les acusa a Rafael Moya son colusión agravada, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y cohecho propio en agravio del Estado.
SE DEFIENDE. Consultado sobre esta denuncia, Rafael Moya aceptó haber realizado las contrataciones directas con referidas empresas, pero aclaró que se hizo porque se trataba de una urgencia.
“Sucede que el Ministerio de Educación había previsto quepara marzo de este año tenía que acondiconarse ambientes adecuados para albergar a los 100 estudiantes que participarían del COAR, pero la anterior gestión no hizo absolutamente nada y nosotros tuvimos que asumir los pasivos”, contó.
En efecto, ante la proximidad del tiempo para inaugurar el COAR en la región La Libertad, los funcionarios de la Grell se vieron obligados a solicitar dinero para realizar contrataciones de emergencia.
En un principio se tenía planeado construir un local oficial para albergar a los estudiantes del COAR en la provincia de Virú, pero como el tiempo con el que contaban era mínimo, se optó por usar los ambientes del el Instituto Superior Indoamérica.
“En el instituto se ha implementado un aula de computo, un gimnasio, se ha mejorado los servicios higiénicos, los dormitorios para las chicas. También se han cambiado las instalaciones eléctricas”, sostuvo Moya Rondo.
NO DECIDÍ SOLO. El gerente de la Grell indicó como otro argumento de defensa a su decisión de realizar contrataciones directas, el hecho de que cada desembolso que hizo contó con las Resoluciones Ejecutivas Regionales debidamente firmadas por el mismo César Acuña Peralta y el vicegobernador Luis Valdez Farías.
Cabe indicar, que los alumnos del COAR permanecerán en instituto Superior Indoamérica hasta que se concluyan las obras en el local oficial situado en la provincia de Virú.
NO ES EL ÚNICO CASO. Sin embargo, este no es el único caso que llevará a Rafael Moya a visitar los pasillos del Ministerio Público, puesto que también ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto favoritismo en la contratación de Coordinadores Regionales de Educación Física.
SUS FUNCIONARIOS. Pero en este caso Moya Rondo no está solo, puesto que la denuncia también alcanza a sus funcionarios. El gerente de Gestión Educativa de la Grell, Óster Paredes Fernández, quien a su vez presidió el comité de evaluación para el proceso de contratación también ha sido denunciado.
A ellos se les acusa de haber perpetrado los supuestos delitos contra la administración pública en agravio del Estado, en la modalidad de colusión desleal, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo.
Por los mismos delitos se les denuncia a Ruth Acosta Zeballos, Richard Valdiviezo Rodríguez y Lorena Velásquez Leiva, funcionarios de la Grell, que formaron parte del comité de evaluación.
ACLARAREMOS. En este caso Moya y sus funcionarios ya han sido citados a declarar ante la Fiscalía. Tanto Moya como Paredes aseguraron a Correo que tienen confianza de que saldrán bien librados de este proceso.
Es importante señalar que los ganadores de este concurso supuestamente no reunían los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación e incluso tenían sanciones administrativas consentidas. Un dato más al menos dos de ellos son militantes de Alianza Para el Progreso (APP). Otra denuncia que tiene que afrontar Moya obra en la Fiscalía Anticorrupción. Esta tercera acusación gira en torno a un supuesto ocultamiento de plazas orgánicas en la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) N.-3.
Una cuarta denuncia contra Rafael Moya se ventila en la Fiscalía Penal de Trujillo. En este caso lo acusan de supuesto delito de abuso de autoridad en agravio de un trabajador administrativo de la Grell.
Finalmente, la Fiscalía de Prevención del Delito investiga al Comité de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Grell por la demora de actos sancionables).
