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Como parte del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General determinó, como resultado de una Auditoría de Cumplimiento, que la inconducta de funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad permitió que de forma irregular se transfieran, mediante contratos de compra venta 415,77 hectáreas de uso agrícola y de propiedad estatal a un tercero, en el marco del proyecto de inversión privada Virú Mar.
Esto se debe a que el Comité de Inversiones del Gobierno Regional de La Libertad no verificó la modificación de sus consorciados de parte del inversionista, ni tampoco la no presentación de las cartas fianzas, elementos esenciales para la firma de los contratos de desarrollo inmobiliario y compraventa para el proyecto Virú Mar.
Antecedentes
El Consejo Regional de La Libertad aprobó el 16 de diciembre del 2008 y ratificó el 20 de enero del 2009 la declaratoria de interés regional del proyecto de inversión de iniciativa privada denominada Proyecto Virú Mar, presentada por el consorcio Virú Mar, integrado inicialmente por las empresas IKKA S.A.C, ECO S.A. y Santa Isabela S.A.C.
El 31 de agosto del 2017, acordó, por mayoría, aprobar la adjudicación directa del proyecto Virú Mar al consorcio del mismo nombre. Con ello se inició la etapa de negociación de los elementos esenciales del contrato de compra venta a cargo del Comité de Inversiones del Gobierno Regional de La Libertad.
Para la suscripción de los contratos de desarrollo inmobiliario y compraventa para el proyecto Virú Mar, el Comité de Inversiones solicitó al inversionista la presentación de una serie de documentos, entre los cuales se encontraba, como elementos esenciales, la presentación de cartas fianzas y la información legal de la conformación del consorcio, de acuerdo al Decreto Legislativo 1012.
Inconductas
El consorcio Virú Mar no cumplió con presentar las cartas fianzas y a su vez comunicó al Comité de Inversiones la modificación de sus consorciados (primer elemento esencial), debido a que los proponentes iniciales decidieron no participar porque se encontraban en proceso de reorganización societaria. Las empresas que conformaban el nuevo consorcio Virú Mar son IKKA S.AC, Corporación Valle Alto S.A.C. y Steelmark S.A. Eso significaba el cambio de titularidad de inversionista e ir en contra de la normativa aplicable y el acuerdo inicial con el que se adjudicó la iniciativa privada.
Sin embargo, funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad aprobaron y tramitaron dichos documentos, permitiendo el 27 de marzo de 2018 la suscripción de contratos de compra venta y la transferencia de 415,77 hectáreas de terreno para uso agrícola de propiedad estatal a un tercero, valorizado en S/ 1 663 080. Eso afectó el principio de competencia, toda vez que el consorcio no cumplía con lo establecido en la iniciativa privada, adjudicación directa y normativa aplicable.
Dichos contratos fueron elevados a escritura pública el 05 de abril del 2018, pero han pasado más de 3 años y el inversionista no ha ejecutado trabajo alguno en el lugar, lo cual evidencia un incumplimiento en la ejecución de los contratos de desarrollo inmobiliario afectando la finalidad del proyecto de inversión.
Responsabilidades
Estos y otros hechos se encuentran descritos a detalle en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 020-2021-2-5342-AC, cuyo periodo de evaluación fue del del 1 de noviembre del 2017 al 21 de mayo del 2021. Son 10 los funcionarios y ex funcionarios hallados responsables en este servicio de control posterior, por lo que se concluye recomendar a la Procuraduría de la Contraloría General de la República inicie las acciones legales contra el primer miembro y presidente del Comité de Promoción de la Inversión Privada del periodo 2015 – 2018, así como contra el segundo miembro que desempeñó ese cargo entre setiembre del 2017 y abril del 2018.
También se encuentran comprendidos el ex gerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del primer trimestre del 2018, y la ex gerenta de Asesoría Jurídica que ocupó dicho cargo del 2015 al 2018.
Además, se ha notificado al titular del Gobierno Regional de La Libertad para que inicie los procedimientos administrativos contra 10 funcionarios, a fin de deslindar responsabilidad en estos hechos.
