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La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 182 mil 200 en la ejecución del servicio de mantenimiento de patios y exteriores de 19 instituciones educativas en la región La Libertad debido a que no se contemplaron las necesidades solicitadas por las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), ni los criterios técnicos normativos.
Además, la Gerencia Regional de Educación, que depende del Gobierno Regional de La Libertad, realizó el pago total al contratista, antes que culminara los trabajos.
En el informe de Servicio de Control Específico N° 033-2020-2-5342-SCE se identificó, asimismo, la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de cinco funcionarios y exfuncionarios de la referida gerencia regional.
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La comisión de auditores señala que los hechos detectados ponen en situación de riesgo a los alumnos y docentes de las Instituciones Educativas N°80791 “César Vallejo” en la provincia de Ascope, N°8079 en el distrito de El Porvenir, N°82209 y N°2306 en el distrito de La Esperanza, N°80049 en el distrito de Moche, entre otras, al no garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad.
La Gerencia Regional de Educación requirió la instalación de toldeado con parantes de estructura metálica en 14 de las instituciones educativas, a pesar de que no habían sido solicitados por las Unidades de Gestión Educativas Locales. Además, los trabajos fueron ejecutados como un “servicio” cuando, por sus características (trabajo sobre inmuebles, movimientos de tierras y necesidad de una dirección técnica), la norma los describe como una “obra”.
TOLDOS EN COLEGIOS
Los Términos de Referencia (TDR) del servicio tampoco incluyeron componentes técnicos (ficha técnica y condiciones climáticas), generando deficiencias vinculadas al proceso constructivo como fallas en la unión de los tensores y trabajo deficiente de soldadura y pintura. Ello ocasionó el colapso de los toldos en cuatro Instituciones Educativas y el riesgo de que esto mismo suceda en las demás instituciones educativas.
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Además, no existió un criterio técnico que permita determinar la ubicación de los toldos, evidenciándose que fueron situados en zonas donde los estudiantes no practicaban ninguna actividad física, recreativa o académica, no siendo de utilidad para el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.
También se requirió la instalación de cercos perimétricos en cinco instituciones educativas, donde la comisión auditora determinó que el contratista no cumplió con ejecutar el servicio de acuerdo a lo establecido en los TDR, pues hubo partidas que no se realizaron. De igual modo, se presentaron problemas de óxido en las mallas, tubos de anclaje y cerraduras, al no contar con la pintura anticorrosiva y esmalte.
La entidad también dio conformidad para el pago del servicio 25 días antes de que culminara, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y el contrato.
El informe de control posterior, cuyo periodo de evaluación comprendió del 2 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2020, fue notificado a los titulares de la Gerencia Regional de Educación y del Gobierno Regional de La Libertad para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes contra los exfuncionarios y funcionarios involucrados.
