La Contraloría General de la República está ejecutando un operativo para verificar si tanto el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad como las 12 municipalidades provinciales de la región vienen gestionando el riesgo de desastres, en relación a la ejecución del Programa Presupuestal 0068 y al proceso de almacenamiento de los bienes destinados a la atención en situaciones de desastre.

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Para determinar el nivel de ejecución del Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre”, en el marco de la gestión del riesgo de desastres, los equipos de auditores desplegados en toda la región vienen verificando si la entidad reporta ejecución en dicha partida presupuestal.

Asimismo, en las entrevistas con funcionarios de Presupuesto, Defensa Civil, Tesorería u otras áreas competentes de las 13 entidades visitadas, se viene verificando la ejecución reportada en el MEF mediante el sustento físico y/o documental del gasto realizado, así como la existencia de los bienes adquiridos y/o la efectiva prestación de los servicios contratados a través de los respectivos entregables.

Las comisiones de control también están visitando los almacenes de bienes para ayuda humanitaria tanto del GORE como de las 12 municipalidades provinciales de la región, para verificar si cuentan o no con las condiciones adecuadas para la custodia, conservación, control y distribución de dichos bienes, conforme lo dispuesto en la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes.

Mediante Ley N° 29664 del 2011 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) para identificar los riesgos asociados a peligros, priorizar la prevención para evitar la generación de nuevos riesgos, reducir o minimizar sus efectos, así como para la preparación y respuesta de las entidades que la conforman ante situaciones de emergencia o desastre.

Los gobiernos regionales y locales, como integrantes del SINAGERD, formulan y aprueban normas y planes; evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia y en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector (PCM).

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