Cuatro trabajadores de empresas contratistas vinculadas con la Minera Aurífera Retamas S.A. (Marsa) estuvieron a punto de perder la vida por la incursión de unos diez criminales que ingresaron a la bocamina denominada “Española”, ubicada en la comunidad campesina de Llacuabamba, provincia de Pataz, región La Libertad. Los delincuentes dinamitaron la zona y tomaron como rehenes a los mineros.
Condenable
Este nuevo atentado se registró el último martes en la madrugada. Los criminales, evidentemente, no solo tenían dinamita. Con sus armas de guerra, inmovilizaron a sus víctimas y luego pretendieron apoderarse del mineral aurífero que produce esta empresa privada en la zona; sin embargo, no lograron este cometido.
No obstante, Marsa confirmó que los delincuentes provocaron daños en la infraestructura de la bocamina y también otros derrumbes en galerías que se convierten en lugares atractivos para esta organización que todavía no ha sido identificada.
Este es el segundo atentado que fue reportado desde esta zona de Llacuabamba, la que se presumía era la “más tranquila” de la provincia de Pataz.
Según informó la compañía, hace un mes, un grupo de delincuentes arrojó varios cartuchos de dinamita y provocó daños estructurales.
Este nuevo atentado, por ahora, es materia de investigación. Los cuatro rehenes resultaron ilesos, pero los criminales los amenazaron en reiteradas oportunidades con matarlos si tan solo se atrevían a alertar este ataque.
Sin efecto
Mientras en Trujillo los crímenes no se detienen a pesar del estado de emergencia, en la provincia de Pataz sucede lo mismo. Los ataques contra las empresas formales no cesan.
Diario Correo conversó con Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Poderosa, entidad que también ha sufrido varios atentados por mineros ilegales. Él aseguró que el Gobierno Central tendría que ser más contundente para frenar a estas organizaciones que atacan una y otra vez los yacimientos formales.
“Es lamentable que tengamos que vivir estas situaciones en el Perú, en La Libertad y en Pataz. Esto debe ser un llamado de atención a las autoridades para que puedan actuar de manera disuasiva y efectiva a fin de evitar este tipo de sucesos que afectan la inversión privada y que tienen consecuencias negativas para el país”, sostuvo desde el Congreso Nacional de Minería.
Marsa confirmó que este segundo golpe criminal ya fue denunciado ante la Policía. Precisamente, en la Región Policial de La Libertad informaron que ya indagan. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se dieron a conocer resultados.
“Esto es consecuencia de toda la falta de medidas que debería tomar el gobernador regional de La Libertad; el Gobierno Central, a través de la presidenta; y el Congreso”, afirmó Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.
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