La Libertad: Disputa por tierras de Chavimochic comprometen   toda su extensión
La Libertad: Disputa por tierras de Chavimochic comprometen toda su extensión

El pleito judicial en el que están envueltos el Proyecto Especial Chavimochic (Pech) y la empresa Agrícola Chicama por las tierras de cultivo, ha dejado de ser un lío entre dos entidades para convertirse en un problema social, que ya estaría afectando a varias instituciones y, lo que es más grave aún, a personas humildes que nada tienen que ver en esta disputa legal.

Pero, ¿por qué se infiere eso? Pues bien, ¿se imagina usted, amigo lector, ser un afectado por el fenómeno El Niño Costero y no poder tramitar su título de propiedad para acceder a un programa del Estado?

¿O que los funcionarios del sector Educación no logren sanear el terreno de un colegio para ser favorecidos con obras de infraestructura y, algo que es sumamente preocupante, que la III Etapa del Pech tarde mucho tiempo más en ejecutarse?

Estas tres situaciones y otras más como que el Pech pierda más tierras, pueden ocurrir como consecuencia de la disputa legal entre las entidades antes señaladas.

LOS HECHOS. Pero vamos por partes para poder conocer cómo es que se ha llegado a esta situación.

Como se recuerda, en agosto del 2014, la empresa Agrícola Chicama interpuso una acción de amparo contra el Pech y el Gobierno Regional de La Libertad, ante un juzgado de Paiján, en el que exigía se le acredite esas 16,000 hectáreas como de su propiedad y en primera instancia el Poder Judicial falló a su favor.

Lo mismo ocurrió en la Sala Mixta Permanente, cuando el Pech apeló a ese fallo judicial.

Es decir, en ambas instancias el Pech perdió las 16 mil hectáreas que estaban en disputa.

Sin embargo, paralelo a este proceso, la empresa Agrícola Chicama interpuso otro recurso legal ante el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, denominado acción contencioso administrativo, cuyos demandados son Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Chavimochic y Gobierno Regional.

Este proceso busca anular la resolución administrativa de Registros Públicos que inscribe las 16 mil hectáreas como de propiedad de Chavimochic.

AMPLIACIÓN. En el cuaderno cautelar de proceso se ha interpuesto una medida cautelar de anotación de demanda sobre las partidas electrónicas que contienen las 16 mil hectáreas, pero luego esa petición fue ampliada para que también se anote la demanda sobre otras partidas e incluyendo la partida en la que obra la primera inscripción de dominio y desde donde se desprenden todas las independizaciones del Pech. Esta partida es la N° 11024291.

Eso ocurrió el 5 de octubre del 2015 y, desde esa fecha, todas las independizaciones solicitadas por Chavimochic y diferentes instituciones contarían con gravamen o carga.

RIESGO. En otros términos, cuando se pretenda independizar un territorio de las 291 mil hectáreas que comprenden las tierras del Pech, que va desde Chao hasta Paiján, contarán en las escrituras con el gravamen y carga producto de la medida cautelar de anotación de demanda interpuesta por Agrícola Chicama.

Debido a esta figura legal, resultaría sumamente difícil para entidades como Provías Nacional, pues no podrán expropiarse las tierras por donde pasará la importante vía del país.

Lo mismo sucede con el Mi Ministerio de Educación, pues colegios que estén dentro de esa área, no podrán sanear sus tierras para acceder a obras de infraestructura.

PROYECTO EN RIESGO. Es más, el propio Proyecto Especial Chavimochic tendría dificultades para vender terrenos a posesionarios, pues cuando quieran realizar independizaciones saldrán con los gravámenes y cargas antes indicadas.

La III Etapa de Chavimochic también tendría serios problemas, toda vez que los 125 kilómetros que comprende el canal madre atraviesa terrenos situados entre Chao y Chicama, los mismos que tienen el gravamen y carga debido al proceso legal que se sigue con la empresa Agrícola Chicama.

Ahora bien, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), afrontaría problemas para la formalización de asentamientos humanos y posterior titulación.

DESCUIDO. Ante esta situación, la exvicegobernadora del Gobierno Regional de La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, sostuvo que esto es algo que supuestamente ha tratado de ocultarse durante todo este tiempo.

“Esta situación es grave y es producto de los actos de negligencia e incompetencia del procurador, gerente de Chavimochic y demás funcionarios involucrados. El juez emitió la resolución el 1 de octubre de 2015 y ese documento no ha sido objeto de ninguna acción, nuevamente por parte del procurador que es el encargado de accionar para defender los intereses del Estado, es decir ha pasado un año siete meses después y no se ha hecho nada”, enfatizó.

QUE SALGA A EXPLICAR. En tanto, el consejero regional por la provincia de Otuzco, Omar Zavaleta Cortijo, exhortó al procurador Henry Chavarry, a pronunciarse al respecto.

“Acá hay una responsabilidad directa del procurador porque es la persona responsable de este tema”, manifestó.

El consejero regional comentó que es momento de que se enfrente legalmente esta situación, pues de por medio está la continuidad de la III Etapa del Pech.

“Al no solucionarse el proceso legal que hay con ese empresa, nosotros no vamos a poder realizar las expropiaciones en el tiempo apropiado y no se podrá cumplir con el contrato, ni con la empresa concesionaria. Esto es un problema que tiene que solucionarse, pues el proyecto Chavimochic podría colapsar”, advirtió.

ACELEREN. En ese línea, Zavaleta invocó a los funcionarios responsables aceleren los procesos, pues se está afectando demasiado a los liberteños.

Cabe indicar que hace dos semanas, el Consejo Regional se reunió en privado con el procurador Henry Chavarry para que explique lo que ha hecho hasta la fecha para afrontar esta situación. Se desconoce con exactitud qué fue lo que dijo.

Correo fue en busca del procurador Henry Chavarry, pero en su despacho situado en el Proind nos comunicaron que se encontraba en diligencia.

Asimismo, nos contactamos con la empresa Agrícola Chicama, cuya sede es Lima, pero nos dijeron que los representantes del área legal no estaban disponibles. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de establecer contacto. 

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