Luz al final del túnel. El Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) informó que se emitirá un decreto de urgencia para lograr el destraba de las obras de la III Etapa de Chavimochic. El Estado Peruano se desistirá del laudo arbitral internacional y la concesionaria Odebrecht-Graña & Montero –ahora Aenza– terminará los trabajos en la presa Palo Redondo, paralizada desde hace seis años.

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Esta importante noticia fue confirmada ayer por el gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Edilberto Ñique, quien saludó la decisión del Ejecutivo, pues, desde su punto de vista, esto permitirá retomar rápidamente los trabajos en la presa y a mediano plazo se generen miles de puestos de empleo, que reactivarán y dinamizarán la economía en el país.

Condiciones

Para llegar a este punto, el Estado Peruano habría tenido que ceder a dos condiciones planteadas por la concesionaria, la primera: desistirse del arbitraje internacional en curso que lo enfrente con la empresa y, la segunda, suscribir una adenda al contrato para garantizar la culminación de la ejecución del proyecto.

Demora superada

Según Ñique, los acuerdos para el destrabe de las obras de la III Etapa de Chavimochic hubieran avanzando más rápido si la Procuraduría del Midagri no se hubiera pronunciado en contra.

En efecto, fue la procuradora pública del Midagri, Katty Aquize, quien emitió un informe en el que señalaba que el planteamiento de la concesionaria (las dos condiciones) era lesivo para los intereses del Estado y recomendó rechazar la oferta. Ñique lamentó la postura de la aludida funcionaria, pues con esto retrasó una decisión que pudo tomarse semanas antes.

“No entiendo cómo es que una funcionaria de ese nivel esté en contra de la voluntad de destrabar Chavimochic. Está yendo en contra de lo que dispone el mismo presidente de la República (Pedro Castillo), quien ha dicho que el proyecto tiene que destrabarse”, manifestó Ñique.

De acuerdo con el gerente del PECh, con el decreto de urgencia ya no se tomará en cuenta el informe de la Procuraduría y se podrá destrabar las obras, pues hay un acuerdo entre las dos partes (concesionaria y Estado Peruano).