El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel dio a conocer que, atendiendo una intervención de la Contraloría a la iniciativa privada del Proyecto Virú Mar, está disponiendo la implementación de recomendaciones, el inicio de acciones administrativas contra diversos funcionarios y autorizando para que, de ser necesario, la Procuraduría inicie también acciones legales ante la comisión de posibles ilícitos penales.
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“Nos pidieron el expediente de Virú Mar. Dimos todas las facilidades para la auditoría de cumplimiento que hicieron de este proyecto que inició el año 2014, cuando le dieron la aprobación. Estuvimos reunidos y nos explicaron de las observaciones encontradas, de carácter administrativo, y hemos dispuesto las acciones correspondientes”, dijo.
Luego, indicó que “Contraloría encontró negligencias administrativas. No hubo actos de corrupción. Estoy disponiendo ahora el inicio de procesos administrativos para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones”.
Cabe precisar que el Gobierno Regional de La Libertad, antes que la Contraloría notifique los resultados de su intervención ya había adoptado acciones administrativas, por ejemplo, para identificar incumplimientos de obligaciones contractuales por parte del Consorcio Virú Mar.
La Gerencia Regional de Vivienda y, Construcción y Saneamiento, designada como órgano encargado de velar por la correcta ejecución del contrato suscrito con el consorcio, informó a través de la resolución ejecutiva N° 125-2021 que habría existido incumplimientos contractuales por parte del consorcio, por lo que concluyó que debería notificarse la imputación de su incumplimiento a fin de dar por resuelto el contrato, lo que se encuentra en análisis de la respuesta para determinar la resolución contractual.
Esto debido a que el consorcio realizó modificaciones sustanciales a lo convenido en los contratos de desarrollo inmobiliario, como el cambio de la titularidad del inversionista, sin contar con sustento técnico y legal para ello.
Este proyecto inmobiliario fue otorgado al Consorcio Virú Mar, integrado por las empresas IKKA S.A.C., ECO S.A. y Santa Isabella S.A.C. Sin embargo, modificaron su composición al integrar mediante venta de acciones a Corporación Valle Alto S.A.C. y Stelmark S.A. consorciadas distintas a las establecidas en las declaraciones de interés y adjudicación directa.
Durante el periodo 2014, 2015 y 2016 se hizo la cesión de todos los derechos de la empresa IKKA SAC, incluyendo el activo que le corresponden como integrante del Consorcio Virú Mar, a una empresa distinta a la establecida en la Declaratoria de Interés
También se advierte la falta de administración del contrato por un periodo de tres años y dieciséis días, contabilizados desde la fecha en que se elevó a escrituras públicas los referidos contratos, es decir desde el 5 de abril de 2018.
El informe de Auditoría de cumplimiento al Gobierno Regional La Libertad del Órgano de Control Institucional (Contraloría) respecto a la adjudicación directa, suscripción y ejecución contractual del proyecto de iniciativa privada de inversión Proyecto Virú Mar”, se realizó en desde el periodo del 1 de noviembre de 2007 al 21 de mayo del 2021.