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Luego que varios funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) fueran incluidos como presuntos responsables de perjuicios económicos, Correo accedió a otros documentos que develan más fuga de dinero en dicho ente.

Ahora, sumado a los 157 mil 450 nuevos soles, pérdida ocasionada por la aprobación de un expediente técnico de una obra sobrevalorada, entre otras irregularidades; se suma 303 mil 214 soles más, en este caso, y según lo determinado por el Órgano de Control Institucional (OCI), por malos manejos administrativos de los funcionarios del GRLL.

PERJUICIO INICIAL. Tal como lo publicáramos en la edición de ayer, en torno a la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Rosa Sánchez Santillán de la Microrred Ascope”; el OCI acusó al gerente regional de Infraestructura, Álvaro Bazán Cabellos, junto a otros cinco funcionarios, de ser los responsables del perujicio económico de 157 mil 450 soles.

CULPA A CONSULTORA. En respuesta de ello, mediante un comunicado escrito, Álvaro Bazán asegura que “la responsabilidad en los errores que se cometieron en la ejecución de la obra de mejoramiento del centro de salud de Ascope es la consultora M&C Consultores y Ejecutores SAC, a la que se instauró un proceso legal para que asuma las consecuencias de su deficiente servicio”, se lee a la letra.

Entre otros aspectos, Bazán señala mediante la misiva que “la contratista quería apelar a una de las causales que establece la Ley de Contrataciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, y hacer valer su derecho al pago del 10 por ciento del monto total de la obra por lucro cesante, correspondiente a 218,514 soles. Ante esta situación, en defensa de los intereses de la institución, se decidió otorgar una ampliación de plazo por 7 días, lo que significó un pago adicional de 47,250 soles que, en un balance de costo beneficio, resultó una mejor decisión técnica”, explicó.

Ya en comunicación telefónica, el funcionario añadió que “nunca se pagó algo adicional” y que no se siente responsable de nada y que goza de la entera confianza del presidente regional José Murgia Zannier.

PEDIDO. No osbtante, cabe señalar que existe una Resolución Ejecutiva Regional N° 1316-2014-GRLL, emitida el dos de setiembre del 2014, en el que se indica que se pide a la Procuraduría Pública del GRLL que inicie las acciones legales y judiciales para el recupero del monto de S/. 81,696.30 soles, correspondiente a mayores gastos generales, en clara referencia a la citada obra ejecutada en Ascope.

MÁS PERLAS. Ahora, aparece que tanto en las Unidades Territoriales de Salud (Utes), N° 03 de Chepén y N° 04 de Pacasmayo, el OCI culpa a otros nueve funcionarios más de ser causantes de otros perjuicios económicos al GRLL, por sus deficientes manejos administrativos.

CASO UTES CHEPÉN. Respecto a este tema, existen dos documentos que involucran a dos funcionarios, tal es el caso del jefe de Unidad de Recursos Humanos de la Utes N° 03 Chepén, Segundo Manuel Briones Araujo y el director Elecutivo de dicho ente, José Luis Heriberto Vega Linares.

En el primer documento se menciona que hubo “pagos irregulares por concepto de asignación extraordinaria de trabajo asistencial, lo cual generó un perjuicio económico al Estado por el importe de 98 mil 790 soles”, se lee. Por haber otorgado tales beneficios a servidores que incurrieron en inasistencias y tardanzas, sin habérseles efectuado el descuento respectivo.

Y sobre el segundo documento, se precisa que tampoco de efectuaron los descuentos por insasistencias, tardanzas y salidas injustificadas, afectando la correcta administración de la labor efectiva del personal, generando un perjuicio económico de 68 mil 482 soles.

CASO UTES PACASMAYO. En este caso se explica que “se aprobaron irregularmente cambios de grupo ocupacional y cambios de línea de carrera de servidores públicos, generando pagos indebidos del bono profesional por trabajo médico y asistencia nutricional, e incremento en el devengado de la bonificación extraordinaria del Decreto de Urgencia N° 037-94, ocasionado un perjuicio económico por el importe de S/. 20,064.00, así como el riesgo de afectación presupuestaria y su consecuente futuro pago por el monto de S/. 10,428.00, elaborado por el OCI del GRLL”, se revela en la resolución.

En este punto responsabilizan a Jean Carlo Olórtegui Cueva, director Ejecutivo y a Iris Violeta Revilla de Silva, jefa de Personal de la Utes N° 04 de Pacasmayo.

EL MONTO MAYOR. Y sobre el segundo documento resolutivo del GRLL, sobre el caso de la Utes N° 04 de Pacasmayo, se determina que hubo una perdida de 105 mil450 soles.

En esta parte se detalla que “se efectuaron pagos indebidos por concepto de asignación extraordinaria de trabajo asistencial a servidores que no les asistía tal derecho”.

Por estas situaciones el OCI determinó responsabilizar nuevamente a Iris Violeta Revilla de Silva, jefa de Personal; y también a Armando Quispe Moreno, también jefe de Personal pero en otro período; a Wilfredo Antonio Larios Villasis, director Ejecutivo; Norberto Yamunaque Asanza, director ejecutivo; y a otros jefes de Personal que laboraron en períodos distintos, Miguel Eduardo Mostacero Sánchez y Víctor Manuel Ciudad Fernández.

CON DISTINTA VARA. Cabe precisar que en los documentos firmaron, entre uno y otro, tanto Carlos Sandoval de la Cruz, en su calidad de presidente regional interino y José Murgia Zannier, actual autoridad regional.

Pero el asunto es que en todas las resoluciones no se pedía lo mismo a la Procuraduría Pública Regional. Por ejemplo, en algunos casos se solicitaba que para algunos funcionarios se les siga una acción legal, mientras que en otros solo se pedía que se proceda con una conciliación extrajudicial.

Así están las cosas en el Gobierno Regional de La Libertad a menos de dos meses para que culmine el período de la gestión que encabeza José Murgia Zannier. Algo que seguramente debería ser motivo de atención de los hombres del electo presidente regional César Acuña Peralta.