​Nelly Salvatierra: “El Osce dijo que no podíamos devolver el dinero”

Nelly Salvatierra Nontol, exgerente del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (Satt), rompió su silencio ayer y fue clara y contundente al afirmar que a la empresa consorcio Gen SAC, Taka Group SAC, Seviseal SAC se le aplicó una penalidad de 20,690 soles por haber presentado documentación falsa cuando ofrecía el servicio de seguridad en dicha entidad pública.

La exfuncionaria de confianza del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Elidio Espinoza Quispe, dijo estar sorprendida que ahora el nuevo gerente, Jorge del Castillo Pretell, basándose en un simple informe legal, haya dispuesto devolver ese dinero a la empresa de seguridad.

Durante su gestión se descubrió que el consorcio Gen SAC - Taka Group SAC - Seviseal SAC hacía trabajar a varios de sus agentes con licencias para portar armas con datos que no eran verdaderos. ¿Eso cómo fue detectado?

Yo le voy a resumir qué fue lo que ocurrió, porque para mí es muy importante informar a la ciudadanía las situaciones que pasen en las entidades del Estado. En este caso, nosotros sacamos adelante un proceso de selección para una empresa de vigilancia y ganó el consorcio Gen SAC, Taka Group SAC, Seviseal SAC. Entonces, durante el proceso de selección todo fue conforme. Para nosotros, ellos ganaron, tuvieron las mejores ofertas; pero resulta que al darse el desenvolvimiento de la misma funciones de esta empresa, nos presenta personal que supuestamente tenía documentación falsa; por eso iniciamos una investigación junto con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec), para ver si era real o no.

¿Cómo se realizó esta investigación y qué fue lo que se verificó?

Ustedes deben saber que después de cada proceso de selección, las instituciones tienen el derecho y obligación de hacer la fiscalización posterior y, en ese sentido, nuestra oficina de Abastecimiento junto a la Administración realizaron esta fiscalización, y fue ahí que encontraron que la documentación presentada por la empresa era falsa; fue entonces que nos contactamos de inmediato con Sucamec y nos contestó, y tenemos la documentación en regla, que esa documentación presentada por el consorcio era falsa. Nosotros quisimos anular el contrato, pero al realizar la consulta legal al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (Osce), nos respondieron que no podíamos anular el contrato, pero sí aplicar la penalidad.

¿Por qué no se podía anular el contrato con esa empresa si ya se había probado que había presentado documentación falsa?

Porque el hecho de que nos presentó documentación falsa lo hemos descubierto ya en la ejecución, mas no dentro del proceso; fue por eso que no se pudo anular el contrato. Entonces, era lógico, y, definitivamente, que teníamos que aplicar la penalidad que era el 10% del valor del contrato. Eso es lo que hemos hecho, mi oficina reunió todos los informes correspondientes de Asesoría Jurídica y todo ese expediente lo hemos remitido al Osce informando que se nos había presentado este inconveniente y que nosotros, por nuestra cuenta, hemos hecho nuestras investigaciones y hemos deducido la penalidad del 10%. Además, solicitamos al Osce la sanción correspondiente al proveedor, porque ellos son los facultados para emitir la sanción a los proveedores.

¿Cuál es su opinión al saber que ahora en esta nueva gerencia y con nuevo informe de Asesoría Jurídica del Satt se haya dispuesto devolver el dinero que ustedes aplicaron como penalidad contra esta empresa que presentó documentación falsa?

Para comentarte, mi gestión asumió toda esa responsabilidad y con las acciones que a mí me competen dentro de la función pública yo dispuse que se cobre esa penalidad, que se ejecute, y lo que hemos hecho es presentar el expediente completo al Osce para que sancione a la empresa; ahí no hay nada más que hacer. Dentro de la institución se agotaron todas las vías y no hay nada, absolutamente, que hacer. Y ahora, según me entero por publicaciones de este diario, por la radio y sobre todo durante una sesión de concejo, escuché a Jorge del Castillo (actual gerente del Satt) que ya había devuelto ese dinero con un informe legal. Yo no entiendo si realmente este señor conoce funciones que se hacen en el Estado o en la función pública, porque yo no puedo hacer nada cuando todo está efectuado. El cobro de la penalidad ya estaba ejecutado; inclusive informado a Contabilidad y con un informe posterior un abogado no puede venir a decir que se devuelva, ese es un hecho totalmente contrario.

¿Usted cree que detrás de esto hay algún tinte político para presuntamente favorecer a esta empresa?

Mire, para decirte que dentro de la institución en la que yo trabajé, siempre la he considerado netamente técnica. Para mí nunca ha ingresado ningún tipo de acción que me coaccione o algo por el estilo, definitivamente no. Ahora, si es que después de esta investigación se llega a descubrir que esta empresa tiene un vínculo con el alcalde, yo desconozco. Pero, lo único que le sé decir es que me colocaron como gerente del Satt, siempre mi actuar ha sido dentro de las normas y dentro de la ley, sin favorecer a nada ni a nadie; todos mis procesos de selección como contratos CAS siempre han sido lícitas, sin ninguna injerencia de nada ni de nadie.

Entonces queda clara su posición. Usted investigó, descubrió que la empresa presentó la documentación falsa y dispuso que se le cobre esa penalidad.

Claro, ni siquiera ya está en juego que voy a investigar ni nada. Yo le estoy comentando que antes de tomar cualquier decisión agoté cada una de las instancias; y esta documentación presentada por la empresa es falsa, y si es falsa, entonces es un delito y se llama falta contra la fe pública, o sea es imposible que se le devuelva esa dinero, ni siquiera con el mejor informe del mejor abogado del mundo.

¿Entonces cuál era el próximo paso a seguir si tenías a una empresa que continuaba exigiendo que se le devuelva ese dinero que se le dedujo por la penalidad?

Lo único que nos dijo el Osce fue que no podíamos devolver el dinero, ya que si nosotros devolvíamos ese dinero entonces tendríamos que atenernos a las consecuencias. Acá lo único que podía suceder es que la empresa demuestre que no ha sido así y se vaya a un arbitraje y ahí se podrá determinar si realmente la documentación es falsa o no, y ese es el paso que se debió haber seguido, pero no devolverle el dinero como lo han hecho.