Después de los terribles acontecimientos en la provincia de Pataz, donde organizaciones criminales y mineros ilegales acabaron con la vida de 13 agentes de seguridad de una empresa minera que prestaba servicios para la compañía Poderosa, autoridades políticas de la localidad enfilaron sus críticas contra la Policía y el Gobierno Central. Es más, el propio gobernador de la región La Libertad, César Acuña, dijo que responsabilizaba al Ejecutivo si en un futuro hubiera más muertos.

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Pero, ¿es netamente responsabilidad del Ejecutivo que la escalada de violencia y criminalidad en Pataz, producto de la minería ilegal, haya llegado a los extremos que hoy vemos y que conmocionan a todo el país?

Pues bien, de acuerdo a la versión del exconsejero regional por la provincial de Ascope y especialista en temas de minería ilegal, Greco Quiroz Díaz, la responsabilidad de esta grave situación es compartida por varias autoridades, una de ellas el Gobierno Regional de La Libertad.

ARGUMENTOS

Una de las falencias contra la minería informal e ilegal es el poco o nulo control que se tienen en el transporte de los minerales. Según Greco Quiroz, para darle mayores herramientas a las autoridades y frenar esta actividad, el Consejo Regional de La Libertad aprobó la Ordenanza Regional N°011-2022-GRLL, que fue firmada por el exgobernador Manuel Llempén Coronel.

La norma fue reglamentada por el Decreto Regional N°003-2023-GO/GRLL, firmado por el actual gobernador César Acuña Peralta.

El fin de la norma era regular el traslado, transporte y comercialización de mineral y/o subproductos dentro del ámbito de la pequeña minería y minería artesanal en la región La Libertad. Se pretendía tener un registro vehicular formal y estricto del transporte de minerales. El propietario tenía que reunir una serie de documentos para mover su producto, de lo contrario sería decomisado.

“Son 100 volquetes cargados de mineral que a diario pasan por la única vía de acceso a Pataz. Se supone que esa carretera debe ser controlada por la Policía y personal de la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, para eso se aprobó la ordenanza y el decreto regional, pero no se hace. Esa gerencia no está bien implementada, no tiene personal ni logística. Solo tiene una camioneta vieja que no llegaría ni a Laredo”, cuestionó Greco Quiroz.

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SIN EXCUSAS

La coordinadora del Observatorio Ciudadano La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, recordó que los mineros artesanales pidieron al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anular la Ordenanza Regional N°011-2022-GRLL, pero dicho organismo se pronunció declarando “barreras burocráticas” a ciertos extremos de la norma.

“Pero eso no significa que la Región no pueda realizar su labor de control. Solo tiene que solicitar la documentación y requisitos previstos en la ley, pero no se hace, no sé qué están esperando para hacerlo”, agregó.

Correo trató de obtener la versión de Beder Martell Espinoza, gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, pero no contestó las comunicaciones.

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