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Escrito por: Johnny Aurazo
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de la suspensión de pena presentado por la defensa del exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Daniel Marcelo Jacinto, doce días después de que fuera sentenciado a 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible [caso Baños químicos].
La medida también alcanza a la exjefa de Logística de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (MDLE), Liz Miranda Medina.
INUBICABLE. La audiencia se realizó ayer, desde las 4 p.m., a través de la plataforma Google Met.
Tras conocerse el fallo, Daniel Marcelo y Liz Miranda deben ponorse a disposición de la justicia para cumplir su condena en el penal El Milagro de Trujillo.
“Se encuentra prófugo de la justicia”, dijo el juez encargado del caso sobre Marcelo Jacinto, quien llegó a la Alcaldía de Trujillo con Alianza para el Progreso (APP), partido fundado por César Acuña Peralta.
El magistrado añadió que el hecho que el suspendido alcalde de Trujillo padezca de diabetes mellitus no evita que vaya a la cárcel, pues podría contraer el Covid-19 dentro o fuera de ella, porque el virus está en todos lados.
Desde que se conoció el fallo del Poder Judicial, el 14 de octubre, Marcelo Jacinto ha evitado todo contacto con la prensa y se desconoce su paradero.
Sin embargo, en diálogo con Correo, dijo que se pondría a derecho e iría al penal, algo que no ha ocurrido.
Días atrás, el regidor Robert de la Cruz Rosa, también militante de APP, salió en defensa del prófugo burgomaestre y dijo que el Poder Judicial tenía que evaluar su estado de salud.
“Se tiene que evaluar el comportamiento de él, lo segundo es evaluar su estado de salud y Daniel Marcelo es vulnerable por el Covid-19. También se debe evaluar el peligro de fuga”, manifestó.
De acuerdo con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Daniel Marcelo Jacinto tuvo intereses indebidos en el alquiler de 5 baños químicos por más de 78,000 soles, cuando era alcalde de la MDLE, en el 2017.
En el mercado local, ese mismo servicio no superaba los 2,000 soles, añadió el Ministerio Público.
DOS. Esta no es la única condena por delitos de corrupción de funcionarios que pesa sobre la exautoridad apepista.
En el 2019, fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por irregularidades en la compra de accesorios para bloqueadores de celulares que iban a ser instalados en el penal El Milagro.
La medida luego sería confirmada por el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo suspendería del cargo.
