Richard Acuña: “La demanda fue hecha por mis enemigos políticos”

Su abogado, Mario Deza, afirmó en sesión que el levantamiento de la inmunidad no procede, pues no existe denuncia penal ni antes ni después de que fuera parlamentario
Richard Acuña: “La demanda fue hecha por mis enemigos políticos”

Richard Acuña: “La demanda fue hecha por mis enemigos políticos”

17 de Mayo del 2018 - 07:00 » Textos: Vierci Paredes » Fotos: Correo

“Han pasado 11 años sin que exista alguna demanda penal, la misma que recién aparece en el 2015 cuando yo ya era parlamentario, y no en mi contra sino en el de mi hermana. Problamente por algunos enemigos políticos por mi reelección, porque fui el congresista más votado en mi región”. Este fue uno de los argumentos de defensa que presentó el parlamentario liberteño Richard Acuña ante la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria.

PROCESO MASIVO. Durante su presentación, el legislador reafirmó que la compra la realizó en el 2004 y que nunca apareció nadie a reclamar sino hasta el 2010, fecha en la que se enteran que había un proceso civil en contra de él, su hermana y quince personas más.

“La propiedad se adquiere de buena fe en el 2004 al señor García Marcelo, y no solo yo, sino también mi hermana. En ningún momento tuvimos algún impedimento hasta el 2010, donde fue el proceso civil. Esa persona que me demandó civilmente en aquel entonces también lo hizo a 15 personas más, es decir probablemente hemos sido engañados por la misma persona”, declaró.

“CHANTAJE”. Richard Acuña argumentó además que la empresa que dice ser propietaria del terreno lo “chantajeó”, pero como no aceptó, solicitaron su levantamiento de inmunidad.

“Quiero precisar que la otra parte me condicionó a que si no pagaba 300 dólares por metro cuadrado, íbamos a llegar a esto que estamos ahora. Me encuentro con la conciencia tranquila, nunca actué de mala fe, la propiedad fue adquirida en el 2004 cuando yo tenía 20 años y cuando ni me imaginaba que iba a ser político”, señaló.

SU DEFENSA. En tanto, su asesor legal, Mario Deza Castañeda, hizo referencia al informe que envió la Corte Suprema y precisó las causales en las que procedería un levantamiento de inmunidad parlamentaria.

“Conforme al artículo, para quedar excepto de la inmunidad parlamentaria deben darse conjuntivamente los dos supuestos siguientes: primero, los hechos deben ser anteriores a la elección del cargo congresal y además debe existir antes del ejercicio congresal una acción penal en contra del congresista”, detalló.

De esta manera, explicó que la aparición de la demanda en el 2015, a vísperas de la reelección del congresista, presumen del interés de terceros en contra de la reelección de su patrocinado.

Como segunda causal refiere que “a la fecha haya existido acción penal en contra del congresista, es decir que se haya formalizado investigación preparatoria en su contra”.

De esta manera, el letrado señala que conforme a lo reglamentado por la Corte Suprema, no existe denuncia penal ni antes que fuera congresista, ni después, por lo que no procedería el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

LA COMISIÓN. El congresista de Fuerza Popular y miembro de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Octavio Salazar Miranda, precisó que aún evalúan el caso para comprobar si hubo o no responsabilidad política y penal.

“El Congreso solamente se pronuncia para decidir si este caso es un caso político o si es un caso penal. Si es un caso político, pues inmediantemente el informe será indicando por qué es político; pero si es penal va también a precisar las razones por las cuales es inminentemente penal. Por ahora no podemos adelantar opinión porque todavía no ha entrado a debate”, explicó.

El parlamentario liberteño además indicó que evaluarán la estrategia legal presentada por Acuña Núñez y comprobarán los hechos.

“Él ha utiilizado su estrategia de defensa, pero la comisión tiene que comprobar si lo han engañado como él dice o sino ha sido así”, manifestó.

Finalmente, el presidente de esta comisión, el parlamentario liberteño Elías Rodríguez Zavaleta, al finalizar la reunión sostuvo que el dictamen será emitido en base al reglamento del Congreso.

“Conforme lo dispone el reglamento, solo corresponde a la comisión evaluar los actuados y determinar que en el expediente solo exista motivacion de carácter legal y no de índole político, racial, religioso o de otra naturaleza discriminatoria”, puntualizó.