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Los reflectores de la Contraloría General de la República y el Congreso están apuntando desde hace varios días al contrato de concesión del Sistema Único de Recaudo Electrónico del transporte público en Trujillo, que ha firmado la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y la empresa Recaudo Trujillo SAC.
Sucede que este proceso que tiene como objetivo la modernización del sector Transporte en la ciudad de la “Eterna Primavera” , ha sido observado por la supuesta “adenda” que firmaron, el 12 de abril de 2017, el gerente de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), Carlos Cipriano, y los representantes de la aludida empresa.
IRREGULAR. Pero, cuál es el detalle de esta “adenda” y por qué ha causado suspicacia, entre regidores, congresistas e inspectores de Contraloría.
Pues bien, desde el punto de vista del legislador liberteño Daniel Salaverry Villa, este documento se habría firmado con el único objetivo de favorecer a los empresarios de Recaudo Trujillo SAC.
El argumento es el siguiente:
ocurre que el 15 de abril de 2016 el alcalde de la MPT, Elidio Espinoza Quispe, firma el contrato de Concesión del Sistema Único de Recaudo Electrónico.
Este contrato obligaba a la MPT y a los empresarios de Recaudos Trujillo SAC cumplir, en un periodo de 12 meses, con las condiciones estipuladas en la etapa pre operativa de es te proceso.
Se trata de cinco condiciones precedentes que no fueron cumplidas por la MPT ni mucho menos por la concesionaria.
En primer lugar, la MPT tuvo que contratar los servicios del fiducidiario para el fideicomiso de la administración.
En tanto, la concesionaria, es decir Recaudo Trujillo SAC, tenía que suscribir un contrato de adhesión al sistema de recaudo al menos a 1,379 transportistas, que es el 50% de los hombres del volante que trabajan en Trujillo.
INCUMPLIDO. Otra condición es que la MPT apruebe el plan de implementación final del Servicio de Recaudo Financiero.
En cuarto lugar está la condición de que la concesionaria cuente con la aprobación de la evaluación o declaración de impacto ambiental.
Y como último punto, la MPT tuvo que poner a disposición espacios físicos e instalaciones para implementar el centro de control de flota al concesionario.
LA “ADENDA”. Como se precisó líneas arriba, la concesionaria tenía plazo hasta el 14 de abril de 2017 para cumplir con las condiciones estipuladas en la etapa pre operativa del contrato, siendo una de las tareas fundamentales adherir a los transportistas al sistema de recaudo.
Sin embargo, dos días antes de que se llegue a la fecha límite y resolver el contrato, el gerente del TMT, Carlos Cipriano, y los empresarios de Recaudo Trujillo SAC firman una “adenda” para ampliar por seis meses más el plazo para poder cumplir con las condiciones antes señaladas.
REGIDORES OBSERVAN. Los primeros en observar esta prórroga fueron los regidores de oposición de la MPT.
El tema se puso en agenda del concejo y el 8 de mayo por unanimidad se aprobó conformar una comisión especial para encargarse de revisar el aspecto legal, técnico y económico financiero de este contrato de concesión.
No obstante, días después, el congresista Daniel Salaverry, quien es integrante de la comisión de Transportes y Comunicaciones, logró que este grupo parlamentario cite al alcalde de la MPT, Elidio Espinoza Quispe, para que explique todo lo referente a este contrato de concesión.
DUDAS. La cita fue programada para el último martes y tras exponer ante los parlamentarios, Elidio Espinoza generó más dudas que seguridad, pues comentó que él no firmó ningún contrato toda vez que la implementación del sistema de recaudo electrónico era un “tema entre privados”, es decir , entre la empresa Recaudo Trujillo SAC y los transportistas trujillanos.
Empero, el legislador Daniel Salaverry le aclaró ahí mismo con documento en mano que el contrato de concesión llevaba la firma del alcalde.
Daniel Salaverry sostiene, además, que el gerente del TMT y los empresarios de Recaudo Trujillo SAC modificaron de forma “ilegal” el contrato de concesión sin respetar el decreto N°1224, que obliga a las instituciones del Estado a solicitar informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), e incluso de la Contraloría, antes de realizar cualquier modificación contractual.
PESQUISAS. Ante esta situación, Daniel Salaverry pidió la intervención de la Contraloría General de la República, y ayer a través del oficio N°00595, esta entidad ha informado al alcalde Elidio Espinoza que se ha dispuesto realizar una investigación a todo lo referente al contrato de concesión del recaudo electrónico.
Para ello, le exhorta al alcalde brindar las facilidades del caso a los auditores.
EL CONGRESO. Asimismo, la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha revelado que solicitará al pleno se le otorgue facultades investigadoras para que, paralelamente, también realicen pesquisas en este contrato que ha firmado la MPT y la empresa concesionaria.
MEJORAR. Cabe indicar que en resumidas cuentas, implementar el sistema de recaudo electrónico tiene como finalidad erradicar las unidades viejas y que los transportistas puedan acceder a créditos que les permitan adquirir vehículos nuevos.
En estas unidades se instalarán equipos digitales para que con una tarjeta el pasajero pueda pagar sus pasajes.
Los cobradores no tienen lugar en este nuevo escenario laboral.
En contraparte, los choferes cobrarán un sueldo mensual y su recorrido lo harán por rutas debidamente establecidas, sin competencia desleal.
La infraestructura vial corre por cuenta de la MPT y debe ser totalmente rehabilitada.