Pataz es una de las 12 provincias de la región La Libertad y durante décadas fue el epicentro de un boom minero que ha llevado grandes capitales a dicha zona. Sin embargo, esa bonanza también atrajo extorsiones, la trata de blancas y el crimen organizado.
En Pataz, ahora, la criminalidad campea casi de manera impune y ataca a las operaciones mineras formales. El objetivo, según diversas fuentes policiales, es que estas compañías dejen la zona para que los “informales” tomen sus concesiones.
La mencionada provincia liberteña es una de las zonas del país con mayor cantidad de reservas de oro. De acuerdo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entre 1990 y 2021 registró una producción histórica de 17 millones 786 mil onzas de oro. El 75% de ese total provino de las empresas Consorcio Minero Horizonte, Minera Aurífera Retamas y Compañía Minera Poderosa.
En la mira.
Esta última empresa, que según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas es la segunda productora del oro del país, es víctima de ataques de la delincuencia organizada vinculada a la minería informal.
El jueves 25 de enero, y cual accionar de Sendero Luminoso en la época del terrorismo, hampones volaron una torre de alta tensión que daba energía eléctrica al complejo minero. El atentado se perpetró pese a que toda la provincia se encuentra en estado de emergencia.
En el comunicado que dio a conocer el ataque, Poderosa denunció que “durante los últimos tres años (...) sufrió reiterados ataques por parte de mineros ilegales coludidos con bandas criminales nacionales y foráneas”.
Fuera de las pérdidas económicas ocasionadas por la paralización del proyecto, este atentado con dinamita trajo al recuerdo lo peor de la insana terrorista que golpeó al país el siglo pasado.
Pero no es un hecho aislado. Poderosa advierte que ha sido blanco de por lo menos nueve ataques similares.
En un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores el 4 de agosto de 2023, la compañía informó que delincuentes volaron nueve de sus torres eléctricas y asesinaron a siete trabajadores.
Todo indica que no se hizo nada para contrarrestar tal situación, pues el 2 diciembre un grupo de hampones atacó con explosivos las instalaciones y causó la muerte de nueve agentes de seguridad. Hubo otros 15 heridos.
Esta vez sí hubo revuelo, llegaron policías y militares a la zona y se declaró la emergencia, pero al parecer nada de esto ha servido para controlar a la criminalidad organizada, pues los atentados siguieron.
En su momento, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, anunció que se había detenido a varios implicados en este hecho, pero luego trascendió que esto no era cierto y que los intervenidos no tuvieron que ver con el ataque.
Tierra de nadie.
Pero no solo la minería formal está bajo asedio en Pataz, también la propia Policía.
El 8 de enero, por ejemplo, se conoció que un centenar de sujetos habían atacado a un convoy policial que trasladaba a cinco personas que fueron detenidas en flagrancia -un día antes- cuando extraían minerales de manera ilegal y que incluso desencadenaron un tiroteo para evitar ser capturados.
Los intervenidos, que según la Policía eran miembros de la organización criminal “Los parqueros de Vijus”, tuvieron que ser liberados por los agentes, quienes se vieron superados en número.
El ataque fue confirmado por el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jorge Angulo.
Como si todo esto fuera poco, el 18 de enero el empresario Santos Guillermo Sánchez Vera fue secuestrado. Días después, su cuerpo mutilado fue encontrado con un balazo en la cabeza, Sus asesinos le habían grabado un mensaje en el abdomen: “Por no pagar completo”.
Trascendió que el hombre de negocios, dueño de la compañía Inversiones Minerales Sánchez E.I.R.L., fue plagiado luego de salir de Pataz. Los delincuentes que lo retenían habían pedido 10 millones de dólares para liberarlo.
Medios locales refirieron que el empresario habría recibido amenazas para que deje de extraer minerales en Pataz y, como se negó, fue asesinado.
Acciones.
Expertos consultados por Correo fueron enfáticos en señalar que el Ejecutivo debe ser más contundente para responder a la criminalidad en la zona.
“La mejor estrategia contra el avance de la delincuencia en Pataz es que el Gobierno responda rápido y fuerte, (con) mayor control territorial por parte de la Policía; procurar detenciones en flagrancia con empleo de policía secreta y captación de informantes y colaboradores. No es recomendable ser pasivos, lentos y no dar respuesta efectiva,” consideró el exministro del Interior y general PNP (r) Cluber Aliaga Lodtmann.
Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP y también exministro del Interior, manifestó que la escalada violenta en la zona tiene que ver con la proliferación de mineros informales y con la falta de agentes que sufre la institución.
“Cuando estuvo Vicente Romero (en el Ministerio del Interior) hizo conocer al Congreso que hay un déficit de 50 mil policías para todo lo que es prevención y evitar, precisamente, lo que está pasando con la informalidad minera en Pataz; que, además de muerte, está trayendo crisis económica al tiempo que aleja la inversión privada”, puntualizó.
Otro hecho que agudizaría la escalada de violencia, y no solo en La Libertad, sino en todo el país, según Pérez Rocha, es que el control de los activos críticos del Estado -como son las concesiones mineras- y su seguridad debe estar a cargo de las Fuerzas Armadas, pero desde 2021 está en manos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
También puso el foco en Bolivia, país donde, advirtió, termina todo el oro extraído de manera informal en el Perú.
El origen.
Para el consultor en seguridad Pedro Yaranga, los ataques a la minería en Pataz tienen su génesis en la informalidad.
“Lo que pasó es que algunos mineros informales contrataron a delincuentes de Trujillo como guardaespaldas y allí (en Pataz) estos vieron que más rentable que dar seguridad a la minería era robar material minero. Se han organizado y, en su momento, se han aliado con delincuencia transnacional, como ‘El Tren de Aragua’, y esto ha ido evolucionando”, sostuvo.
Yaranga refirió que ahora “la presencia de bandas de tendencia internacional decreció” y los crímenes y ataques son perpetrados “por bandas locales” que aprendieron de las extranjeros.
