Administración ligada a Oviedo se reinstala en medio de pedradas y gas lacrimógeno (VIDEO)

Tal como se había previsto, el distrito de Tumán fue el escenario de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores, amas de casa, hijos y jubilados de la agroindustrial que lleva el mismo nombre, contra la Policía.

Fueron más de 500 uniformados de diversas unidades y comisarías de la región que llegaron hasta el sector para prestar las respectivas garantías a la secretaria judicial, Rosa Fernández Arrascue, del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, encargada de reinstalar la administración vinculada al Grupo Oviedo.

ENFRENTAMIENTO. Tras tener conocimiento de la diligencia que marcaría el retorno de la administración judicial de la empresa Coali SAC, ligada al Grupo Oviedo -que lidera el empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito-, desde tempranas horas de la mañana los trabajadores se atrincheraron en las instalaciones del ingenio azucarero, tanto en el caso de la fábrica como de las oficinas del directorio.

Mientras tanto, otro grupo permanecía en los exteriores, quemando llantas y protestando, no sin antes bloquear con tráileres algunos accesos a la excooperativa.

La lucha tomó fuerza pasada las 9 de la mañana, cuando la secretaria judicial hizo su aparición en la azucarera. Es entonces que los manifestantes empezaron a lanzar arengas contra Edwin Oviedo y acudieron hasta al comisaría de la zona para, a toda costa, evitar que la representante del juez Ary Terrones Meléndez realice la diligencia.

Fue cerca de la comisaría donde los custodios empezaron a lanzar bombas lacrimógenas por todos lados para poder dispersar a la turba concentrada en el parque “El Jubilado”. Asimismo, la Policía Montada hacía a un lado a los hombres y mujeres que lanzaban piedras, ladrillos y hasta botellas de vidrio.

La batalla continuó hasta pocos metros de las instalaciones de la empresa azucarera, donde un cordón policial esperaba a los trabajadores. Frente a este último, los opositores a la administración siguieron protestando, esta vez con una bandera negra y blanca como señal de luto por la corrupción que estaría enquistada en el Poder Judicial.

INSTALACIÓN. En medio de todo el alboroto y fuertemente resguardada por los agentes policiales, la secretaria judicial Rosa Fernández Arrascue, quien además estaba provista de casco y chaleco antibalas, logró ingresar, en un primer momento, a las oficinas administrativas de la empresa Tumán.

En dicha área, se procedió al descerraje de las puertas y, además, una persona fue detenida en el interior de las oficinas del directorio, al presentar, según indicó luego la Policía, una orden de captura. De igual manera, se informó que dicha persona tenía en su poder artefactos pirotécnicos (“avellanas”), por lo que fue trasladada a la sede de Seguridad del Estado.

Poco después, la secretaria judicial ingresó a la fábrica, donde constató la situación de los ambientes, en medio de nuevas arengas por parte de los trabajadores. Con su retorno a las oficinas del directorio para dar por reinstalada oficialmente la administración judicial de Arnaldo Fernández Ayasta y Luis Mendizábal Mendoza, culminaría la diligencia.

SITUACIÓN. El saldo del enfrentamiento fue de cuatro personas heridas, entre ellos, José Chero Benítez, quien recibió perdigones disparados por los policías, por lo que fue conducido a un hospital de Chiclayo.

A su vez, uno de los dirigentes de los accionistas, Marcelino Llontop Suyón, indicó que los efectivos policiales sobrepasaron el número que ordenó el magistrado Terrones Meléndez. Dijo lamentar que “los tres Poderes del Estado estén permitiendo que un grupo que ha hecho daño por más de mil millones de soles, nuevamente se reinstale”.

REACCIONES. Por su parte, una vez terminada la diligencia, el jefe de la Segunda Macro Región Policial, Lucas Núñez Córdova, dijo que evaluarán solicitar una nueva declaratoria de emergencia para el distrito. Mencionó que un grupo de efectivos permanecerán en la zona por un tiempo más para evitar disturbios y rechazó, nuevamente, que la Policía pueda estar parcializada.

A la vez, desde el Grupo Oviedo, emitieron un comunicado sobre la reinstalación de los administradores, donde indican que todo se realizó “sin costo social”. Además, señalan que los administradores denunciaron no haber encontrado “acerbo documentario en ninguna de las oficinas administrativas, ni valores en el departamento de Caja de la empresa azucarera”.