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Un nuevo hecho reaviva los cuestionamientos contra la última ordenanza aprobada por la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marco Gasco Arrobas.
La autoridad edilicia es uno de los accionistas de “Transportes Valle Norte” SAC, empresa que se beneficia directamente con las rutas autorizadas para vehículos de carga y descarga.
MOVIMIENTOS
Hace unos días se hizo pública la relación familiar entre Marco Gasco Arrobas y la empresa Transportes Valle Norte a través de Luis Absalon Gasco Arrobas, hermano del alcalde.En 2008, la junta de accionistas de la referida compañía -que por entonces se llamaba “Transportes Indoamerica”- acordó elegir a Luis Gasco Arrobas como nuevo gerente general.
Pero la relación directa del alcalde Marco Gasco se origina algunos años atrás, desde la constitución de la empresa “Transportes Indoamerica” SAC.
De acuerdo al acta registral, esta empresa se creó con un capital de S/7,000 dividido en 70 acciones de 10 soles cada una.
Entre los accionistas figuran el exalcalde Luis Antonio Gasco Bravo y sus hijos Luis Absalón y Marcos Antonio Gasco Arrobas.
En 2009, la junta de accionistas decidió cambiar la denominación de la empresa a “Transportes Valle Norte”, como ahora se le conoce, y cinco años después, su capital aumentó a más de 3 millones 800 mil soles.
Cabe recordar que Luis Absalón Gasco Arrobas confirmó que su compañía es operadora logística de Supermercados Peruanos (a la que pertenecen Plaza Vea y otras empresas).
Sin embargo, negó que exista algún interés familiar, personal o de grupo en la ordenanza que permite el ingreso de vehículos de carga pesada como los que maneja -tal como indica su estatuto- Transportes Valle Norte.
DIVIDIDOS
Aunque el proyecto de ordenanza fue aprobado con el voto de nueve regidores, los concejales de minoría evalúan solicitar un recurso de nulidad debido a un conflicto de intereses.El regidor Jony Piana Ramírez señaló que el concejal Andrés Calderón Purihuaman, de Fuerza Popular, debió inhibirse de la votación de la ordenanza al ser representante legal de la empresa Sikán Cargo SAC, dedicada al transporte de carga por carretera.
“Por una cuestión de decoro, debió inhibirse pero no lo hizo. Para nosotros, eso es motivo suficiente para la nulidad del acuerdo de concejo. La ordenanza no ha sido publicada y los camiones ya están ingresando”, agregó Piana Ramírez.
El gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Segundo Soraluz Piñella, defendió la ordenanza asegurando que no causará “mayor daño del que ocasiona el uso normal” en las vías que componen los anillos viales de la ciudad.
